Se incumple el plazo dado por Europa para devolver la luz a la Cañada Real madrileña

La ONG Save the Children denuncia este viernes que España “desatiende” el plazo del Comité Europeo de Derechos Sociales que exigía que se adoptasen "medidas inmediatas", antes del 15 de diciembre, para garantizar el suministro eléctrico en la Cañada Real madrileña, que se encamina hacia un tercer invierno sin luz.

El jueves venció ese plazo y “no hay constancia” de ninguna respuesta oficial por parte del Gobierno, lo que “perpetúa” la situación de riesgo de los 1.800 niños afectados, que están a las puertas de otro invierno de bajas temperaturas sin calefacción, en lo que representa “un peligro para la salud física y mental, el rendimiento escolar y el bienestar de la infancia”.

Save the Children insiste en una nota en que el corte en el suministro eléctrico supone una “vulneración a los derechos” de la salud, la protección contra la pobreza y la exclusión social o el derecho a la vivienda.

Aviso para España

La directora de Incidencia Social y Política de Save the Children, Catalina Perazzo, sostiene, además, que cuando España aceptó en 2021 el procedimiento de reclamaciones colectivas del Comité Europeo de Derechos Sociales “lo aceptaba con todas las obligaciones que ello implica”.

Por ello, continúa, la exigencia de Europa se debía haber aceptado “con todas sus consecuencias y todas sus fases”, y tilda de “inaceptable” que se haya desoído la petición de tomar “medidas inmediatas” para restablecer el servicio.

“No es necesario entrar en las cuestiones legales que afectan a la compañía suministradora ni a las relaciones contractuales con ella, sino una voluntad política”

Perazzo apunta que es “especialmente necesario el cumplimiento de estas medidas” ante la situación de “especial vulnerabilidad” que sufre la infancia afectada por este corte de electricidad, así como el “irreversible efecto” que tiene el transcurso del tiempo sobre los derechos de los niños.

Y añade que, para cumplir con estas medidas, “no es necesario entrar en las cuestiones legales” que afectan a la compañía suministradora ni a las relaciones contractuales con ella, sino “una voluntad política”.

En este sentido, abunda que sería suficiente con proporcionar a las familias afectadas fuentes de energía como generadores o placas solares