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El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 25 años y medio de cárcel que la Audiencia Provincial de Madrid impuso a un funcionario de prisiones que abusó sexualmente de cuatro presas en el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid).

Según la sentencia, el funcionario del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias se encontraba destinado desde mayo de 2001 en el Centro Penitenciario Madrid V (Soto del Real), inicialmente en el área mixta, desde la que pasó en mayo de 2006 a la oficina de talleres y en septiembre de 2008 a la oficina de vestuarios.

Estos destinos "le permitían moverse libremente por las diversas dependencias del Centro", lo que aprovechó para acosar sexualmente, abusar y agredir a las cuatro presas, que le denunciaron. Miguel Ángel P.H., que fue suspendido de empleo y sueldo en octubre de 2009, ve así confirmada sus condenas por un delito de violación, dos delitos de agresión sexual, un delito de abuso sexual y un delito continuado de abuso en el ejercicio de su función.

El tribunal ha confirmado también la obligación para el condenado de pagar indemnizaciones que suman 23.000 euros a las víctimas y declara a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias responsable civil subsidiario.

El funcionario condenado recurrió ante el Supremo argumentando que las pruebas contra él no son consistentes, pero el alto tribunal responde señalando que "la sentencia recurrida recoge una valoración del material probatorio que no permite calificar su conclusión como absurda, ilógica o arbitraria". "Ha existido prueba de cargo, legítimamente obtenida" que destruye la presunción de inocencia del condenado, sentencia el Supremo.

"EL ACUSADO SE APROVECHÓ….”

Por otro lado, el Supremo añade, en cuanto a la dureza de las penas, que "el acusado se aprovechó, en las agresiones y abusos sexuales, de su posición dominante al tener a las víctimas bajo su guarda como funcionario de prisiones en el centro en que se encontraban cumpliendo condena.

La sentencia ahora confirmada considera probado que desde finales de 2007 hasta septiembre de 2009, el acusado se aprovechó de su condición de funcionario para dirigirse a algunas presas, que ocupaban cargos de confianza y retribuidos, "para hacerlas objeto de peticiones de naturaleza sexual y de actos atentatorios de igual carácter, y ello en aras a lograr la satisfacción de sus deseos libidinosos", explica la sentencia.

A una de las presas, destinada al servicio de limpieza de talleres, el acusado le dijo que "¡qué buena estaba" y "qué tetas tenía", y que se fuera a vivir con él y que dejaría a su mujer si accedía a tener relaciones sexuales. Si accedía a sus pretensiones, el funcionario le ofreció "la posibilidad de obtener mejoras en su situación penitenciaria".

Relata el tribunal otros hostigamientos a esta presa, de origen sudamericano, a la que pidió que le masturbara en la oficina, o le hiciera una "mamada" y a la que preguntó que "cuándo se dejaría 'coger' en el sentido de tener relaciones sexuales".

A otra presa, que se encargaba del economato, el tribunal considera probado que el funcionario le dijo, dada su estatura y como no llegaba a los estantes superiores, que "cómo tenía tantas tetas se había quedado pequeña". Esta segunda mujer fue sometida a abusos sexuales y violada.

A una tercera presa, encargada de labores de cocina, el funcionario la tocó el pecho y le pidió tener relaciones porque "las latinas son muy caliente". La cuarta presa fue agredida por el funcionario en el taller de costura y de cocina. Por todos estos hechos, las presas afectadas sufrieron estrés postraumático, insomnio y ansiedad.

Aunque el tribunal absuelve al acusado por uno de los delitos de violación por los que fue acusado por la Fiscalía, que reclamó un total de 46 años de prisión, el funcionario ha sido condenado a una pena de 12 años de prisión por otro delito de violación.

Por otros dos delitos de agresión sexual ha sido condenado a sendas penas de 8 años, mientras que por otro delito de abuso sexual ha sido sentenciado a un año y seis meses de prisión. La quinta pena que completa su condena ha sido a 4 años de prisión por abuso en el ejercicio de su función.

La sala ha fijado en veinte años el máximo de cumplimiento de la pena de prisión del exfuncionario, quien se encontraba en libertad provisional.