El magistrado Santiago Torres ha procesado a un total de veintiocho personas, entre ellos varios técnicos municipales, en el denominado "caso Guateque" en el que ha investigado desde 2007 una supuesta trama para la agilización de la concesión de licencias municipales en Madrid. A los veintiocho procesados se les imputan los delitos de cohecho, contra la ordenación del territorio, falsedad en documento público, tráfico de influencias e infidelidad en la custodia de documentos.
El "caso Guateque" se destapó en noviembre de 2007 con la detención de dieciséis funcionarios y técnicos del Ayuntamiento de Madrid que ordenó Santiago Torres como titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid.
En el caso fueron imputados funcionarios del Área de Urbanismo y Medio Ambiente del consistorio madrileño y de varias Juntas Municipales, así como cerca de treinta empresarios.
En un auto del pasado 21 de junio, Santiago Torres ha transformado las diligencias de investigación en una pieza separada a tramitar por procedimiento abreviado ante los indicios de delito que ha encontrado.
Contra la resolución, cabe un recurso de reforma ante el propio Juzgado de Instrucción número 32.
Entre los procesados, figuran Carmelo G.S. y Santiago C.M., quienes, según el auto, actuaban como intermediarios entre el empresario y el funcionario encargado de la gestión administrativa, además de dedicarse a la captación de posibles clientes con la necesidad de comenzar algún negocio en locales comerciales de la capital.
Entre los procesados hay varios técnicos municipales como Fernando Z.M. y Manuel A.H. -ambos de la Junta municipal de centro-, José Antonio J.G. -de Urbanismo-, Juan Luis E. -de la Junta municipal de Tetuán-, entre otros.
El juez ha emplazado a las partes a presentar en el plazo de diez días sus escritos de acusación para la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.
Torres ha dictado la resolución pocos días antes de abandonar el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid para trasladarse a la Audiencia Provincial de Madrid.
El magistrado tiene pendiente un expediente sancionador abierto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debido a las dilaciones en la investigación del "caso Guateque".
La Fiscalía General del Estado ha presentado un recurso de reforma sobre el Juzgado de Instrucción número 32 porque se opone a la división del "caso Guateque" en piezas separadas.
