El Tribunal Constitucional anula una multa de foto-rojo en Madrid por ilegal

El Tribunal Constitucional ha anulado una multa de 200 euros y pérdida de cuatro puntos del carné de conducir impuesta en 2009 por el Ayuntamiento de Madrid a un ciudadano, por vulnerar el derecho a la legalidad sancionadora establecido en la Constitución.

La sentencia del Tribunal Constitucional, publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), anula dicha multa, impuesta a un conductor por una infracción captada por el sistema foto-rojo.

Según una nota de la organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA), la sentencia pone "en entredicho las sanciones de tráfico que desde hace años viene imponiendo el Ayuntamiento de Madrid".

El Ayuntamiento de Madrid impuso la sanción "mediante la aplicación de un 'ininteligible' cuadro de claves para calificar la infracción y graduar su importe", dice la sentencia referida a unos hechos ocurridos en el verano de 2009.

El Tribunal Constitucional considera que la actuación municipal "vulneró el principio constitucional de legalidad", ya que "se impuso una sanción de multa de cuantía fija, con fundamento en una clave que resulta ininteligible en los términos en que fue notificada, y carente de cobertura legal".

La sentencia anula la sanción y también "las resoluciones judiciales dictadas por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo 24 de Madrid, que la confirmaron".

La AEA dice en una nota de prensa que esta resolución judicial, que se suma a otras resoluciones judiciales similares, "pone de nuevo en evidencia la falta de garantías del sistema utilizado por el Ayuntamiento de Madrid para imponer sanciones de tráfico, y especialmente para aquellas que se refieren a infracciones por rebasar los semáforos captadas por el sistema foto-rojo".

El presidente de AEA, Mario Arnaldo, insta al Ayuntamiento a revisar los expedientes sancionadores que por multas de tráfico se han tramitado "ilegalmente" en el último lustro y se pregunta "cuántas sentencias más" necesita la alcaldesa, Ana Botella, para que en Madrid "no se utilicen las multas como un instrumento de recaudación".