El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ordena a la Comunidad de Madrid la ejecución forzosa de la sentencia que declara nulos los acuerdos que permitieron el desdoblamiento de la carretera M-501, conocida como 'carretera de los pantanos'.
El plazo concedido para informar de las medidas adoptadas es de quince días y el incumplimiento del acuerdo judicial puede conllevar multas coercitivas de 150 a 1.500 euros para las autoridades, funcionarios y agentes responsables, "sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar". Según indica el auto, además, "se podrá deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder".
En los fundamentos de derecho, el auto establece que la ejecución forzosa de una sentencia puede solicitarse por cualquiera de las partes y personas afectadas "transcurridos dos meses a partir de la comunicación de la sentencia o el plazo fijado en ésta para el cumplimiento del fallo". En este caso, "ha transcurrido el plazo concedido sin que conste ejecutada totalmente la sentencia dictada, por lo que procede a instar al órgano competente su ejecución forzosa".
Ecologistas en Acción valora "muy positivamente" el acuerdo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y espera que la Comunidad de Madrid cumpla con el mandato legal sin más dilación. "Este acuerdo judicial deja en evidencia la falsedad de las declaraciones de algunos responsables políticos del Gobierno regional, entre ellos el vicepresidente, Ignacio González; el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, y el ex consejero de Transportes José Ignacio Echeverría, que han negado reiteradamente la obligación de cumplir con la sentencia", consideran desde Ecologistas en Acción.
