El Tribunal Superior mantiene en suspenso el plan de reducir población de cabras en la Sierra

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha desestimado un recurso del Gobierno regional contra la suspensión de su plan de control de población de la cabra montesa en la Sierra de Guadarrama, con el que se pretendía matar a más de 2.500 animales hasta 2020 para reducir el exceso de ejemplares. Según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, fechada el 28 de febrero pasado y a la que ha tenido acceso hoy Efe, "la ejecución del plan debe seguir suspendida" hasta que se decida sobre el fondo de las pretensiones alegadas por el Partido Animalista (Pacma) y "antes de tomar cualquier decisión encaminada a llevar a cabo acciones irreversibles contra la vida de las cabras".

El 26 de octubre pasado, la titular del Juzgado de lo Contencioso administrativo número 38 de Madrid ya mantuvo una medida cautelar de suspensión de dicho plan de control de población caprina adoptada el día 17 del mismo mes por el Juzgado número 32.

La presidenta de Pacma, Silvia Barquero, ha manifestado hoy a Efe la satisfacción de su entidad por el auto del alto tribunal, que es -ha dicho- "muy favorable" para el reclamo de la organización de que sean considerados "métodos no letales" para la reducción de la población de cabras. "Que se estudien métodos alternativos y no sean masacradas las cabras", ha dicho Barquero, quien considera que el plan regional madrileño sólo "favorece los intereses de los cazadores y de los ganaderos".

Según el plan de gestión de la especie, presentado por la Consejería de Medio Ambiente en febrero de 2016, la captura afectaría al 70 por ciento de la población en cinco años, lo que supondría reducir los 4.000 ejemplares actuales a 1.300, es decir, abatir entre 500 y 700 cabras al año hasta 2020.

Además, el plan señala que la mayor parte de las cabras serían abatidas con armas de fuego y sólo unas pocas serían capturadas vivas siempre que algún coto u otra institución demandara ejemplares, como ya se ha hecho con Francia, a donde se exportaron varias decenas de ejemplares para repoblar una zona de los Pirineos.

Los 50 representantes de colectivos e instituciones del Patronato del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama aprobaron el plan presentado por el Gobierno regional de Cristina Cifuentes, con 35 votos a favor, 2 en contra de Ecologistas en Acción y 13 abstenciones.

En octubre pasado, la Unión de Agricultores, Ganaderos y Silvicultores de la Comunidad de Madrid (Ugama) expresó su apoyo al plan de la Comunidad de Madrid, que seguirá ahora en suspenso, al considerar "absolutamente errónea e injustificada" la paralización de los "controles poblacionales" de estas cabras montesas en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

Según los ganaderos, las "altísimas" densidades de población de fauna silvestre generan "de forma natural enfermedades como sarna o tuberculosis bovina, que se transmite por contacto o a través de los mismos pastos que comen el ganado doméstico y las especies silvestres, pudiendo en algunos casos llegar a transmitirse al ser humano".

En 2014, según datos del Gobierno regional, el censo de cabra montés en la vertiente madrileña de la Sierra era de unos 2.400 ejemplares, concentradas principalmente en La Pedriza.

Barquero ha destacado también el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya considerado el "interés general" de Pacma, que no es otro, dice ella, que el de proteger a las cabras.

Con esta decisión judicial la organización se libra de pagar una fianza de tres millones de euros, "una suma que Pacma no tiene", dice Barquero, solicitada por la Comunidad de Madrid por "posibles daños sanitarios para la población" ocasionados por la suspensión.

La población de esta especie, reintroducida en la Sierra de Guadarrama en los años 90 del siglo veinte, se ha disparado de forma exponencial, según los ganaderos, al encontrar un hábitat favorable y sin ningún depredador para controlar su población.