El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha condenado a la "número dos" del Partido Socialista madrileño (PSM), Trinidad Rollán, a ocho años de inhabilitación especial para cargo público por prevaricación en 2001 en el municipio de Torrejón de Ardoz, del que era alcaldesa en ese momento. La sentencia, leída en vista pública esta tarde por el presidente del alto tribunal madrileño, Francisco Javier Vieira, condena a la misma pena al actual portavoz adjunto del grupo socialista en dicha localidad y ex edil de Urbanismo, Francisco Martín Rojas, así como al concejal Valentín Gómez.
Otros once acusados -todos concejales de Torrejón de Ardoz cuando ocurrieron los hechos- han sido condenados a siete años de inhabilitación especial para cargo público, entre ellos la diputada socialista en la Asamblea madrileña Esperanza Rozas.
En la sentencia, que coincide con la petición formulada por el fiscal durante el juicio celebrado el pasado diciembre, el tribunal destaca la intervención que tuvo Rollán y "su plena consciencia acerca del carácter ilícito del convenio" urbanístico que fue aprobado por el consistorio el 26 de noviembre de 2001 a pesar de los informes de varios expertos municipales que advertían de su ilegalidad.
El tribunal recuerda que con la firma del convenio se lograba en Torrejón de Ardoz la urbanización plena de las parcelas destinadas a vivienda libre de las que el consistorio era titular, dentro de la zona de la "Mancha Amarilla", y también de la que se había donado a la Asociación Pro-viviendas sociales.
Además, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid destaca la "trascendencia dineraria" de las prestaciones acordadas en el convenio, que suponían la entrega de 3.359.657 euros en dinero efectivo y la realización de obras de urbanización valoradas en otros 3.239.455 euros, cuando el presupuesto del municipio para ese año no llegaba a los 42.070.847 euros. "De ello se deduce con facilidad que lo que recibía la corporación excedía de la séptima parte de su dotación anual y que, por tanto, la importancia económica del convenio era muy notable", añade la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior.
Por todo ello, el tribunal recalca la "participación consciente" de Trinidad Rollán en la "preparación y aprobación del ilegal convenio concertado con la sociedad Patrimonios Siglo XXI, S.A.", con la que el Ayuntamiento firmó el acuerdo que fue aprobado en un pleno del consistorio con la abstención del PP y el voto en contra de IU y Unidad Ciudadana.
INFORME NEGATIVO DEL SECRETARIO JUDICIAL
El 26 de noviembre de 2001, antes de celebrarse la reunión plenaria, el secretario del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, Saturio Hernández firmó un informe sobre la improcedencia del convenio al estimar que sus términos eran "contrarios al ordenamiento jurídico". Y el interventor general del municipio, José Pascual Viñas, firmó otro informe desfavorable al entender que su texto era contrario a lo previsto en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
Sin embargo, aquél día se aprobó el convenio urbanístico con el voto de los catorce condenados, diez del grupo municipal del Partido Socialista -la alcaldesa Trinidad Rollán Sierra y los concejales Francisco Martín Rojas, Valentín Gómez García, Luis Ceres Rodríguez, Juana Fernández Rodríguez, Francisco Montero Almirón, Esperanza Rozas Piña, Juan Francisco López Gárate, Félix Ortega Arias y María de los Desamparados Gallego Alfaro-.
También votaron a favor los cuatro concejales del Partido Demócrata Español (PADE) -Julián López Jiménez, Josefina Guinovart Amorós, María del Mar González Romero y A.A.A-.
Ni Trinidad Rollán ni casi ninguno de los condenados han acudido a escuchar la sentencia a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, aunque sus abogados han adelantado a los medios de comunicación su intención de presentar recurso porque se trata de "una injusticia manifiesta".
RECURSO Y PRECEDENTE
Como consecuencia de esta decisión judicial, se pone en cuestión la continuidad de uno de los principales apoyos del secretario general del PSM, Tomás Gómez. Rollán, que además ostenta la presidencia del Comité Electoral de los socialistas madrileños y que, al ser mujer, entraba en las quinielas para ser número 2 de Gómez en las listas autonómicas.
Tomás Gómez, ha destacado en Pinto que la sentencia que inhabilita 8 años a la secretaria de Organización del partido, Trinidad Rollán, ratifica "que no ha habido ningún enriquecimiento personal de ninguna de las personas que estaban imputadas" y que "se trata de una condena por una decisión de carácter administrativo". "Para mí es esencial que no haya habido corrupción y que no haya habido un solo asunto de un solo euro", ha manifestado Gómez.
El líder de los socialistas madrileños ha declarado que se trata de una sentencia "no firme" de la que los servicios jurídicos están estudiando "todos los detalles". "Por lo tanto, ya se está preparando el recurso para el Tribunal Supremo, que es la siguiente instancia judicial", ha concluido.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, preguntada al respecto en la Asamblea de Madrid no ha querido referirse a este asunto. "No puedo comentar algo que no conozco". Aguirre ha recordado el precedente de la alcaldesa del PP de Chinchón que fue inhabilitada en su día, a petición del PSOE, por no convocar una comisión. "Ocho años que le han concluído ahora. Ese precedente de Chinchón sí que me parece a mí durísimo". Aguirre señalaba que "no es ella (Rollán) la primera y en esto el PP no ha tenido ninguna intervención, pero no puedo comentar más porque desconozco el texto de la sentencia".
Tanto el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granandos, como el portavoz del PP en la Asamblea, David Pérez, han eludido hacer declaraciones al entender que quien tiene que hablar hoy es el PSM.
UN CONVENIO URBANISTICO CON PATRIMONIO SIGLO XXI
La ex Corporación municipal de Torrejón de Ardoz fue juzgada en el mes de diciembre por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El teniente fiscal Carlos Ruiz de Alegría pedía para todos los imputados ochos años de inhabilitación por la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y Patrimonio Siglo XXI para la construcción de unas viviendas sociales, ya que consideraba que, al salir adelante, se había incurrido en un delito de prevaricación.
Durante el proceso, Rollán recalcó que el secretario municipal en ningún momento intervino en el Pleno para hacer constar que había elaborado un informe contrario a la legalidad del convenio a votar, así como de su contenido. Además, indicó que no tenía constancia de que ese informe estuviera incluido en el expediente y en la carpeta de los puntos a debatir en el Pleno del 26 de noviembre de 2001, algo que también declararon otros acusados como el ex concejal de Urbanismo y actual portavoz socialista, Francisco Martín Rojas, y Julián López Jiménez.
A preguntas del fiscal sobre si tenía conocimiento de la ilegalidad del convenio, Rollán reseñó que "en ese momento no había motivo de dudar de la legalidad del expediente", puesto que había sido planteado por el concejal de Urbanismo en la comisión previa y en la reunión de grupos municipales, a lo que se añadía los informes técnicos que avalaban la firma. "En el momento de votar, no tenía elemento que me llevase a dudar de la legalidad. Estaba absolutamente convencida de solucionar un problema grave de 107 familias en peligro. Si no hubiera habido informes favorables, no se hubiera realizado", indicó en su momento Rollán.
