Una 'pequeña' Operación Chamartín en la antigua cárcel de Carabanchel
Más de 170.000 metros cuadrados para un encaje inmobiliario, de equipamientos y viarios atascado desde hace 15 años
Aseguran que se pone en riesgo el entorno del edificio más antiguo de Madrid protegido por la Comunidad de Madrid
Primero se demolió la cárcel el 25 de octubre de 2008 y recientemente se hallaron en los terrenos restos arqueológicos del Imperio Romano que fueron documentados y vueltos a enterrar.
Tras varios alcaldes y ministros del Interior, finalmente parece que el enorme solar que el Estado tiene casi entero en Carabanchel se va a poner en el mercado.
Alberto Ruiz Gallardón y Alfredo Pérez Rubalcaba firmaron en 2009 el primer convenio de desarrollo. Luego vino el acuerdo de la corporación de Ana Botella y Jorge Fernández Díaz en 2015. Y ahora, en 2023, con José Luis Martínez Almeida en el Ayuntamiento y Fernando Grande-Marlaska en Interior, se desbloquea este ámbito.
Más de 170.000 metros cuadrados en un proyecto en el que el 85% corresponde a la Administración General del Estado, un 10% al municipio y un 5% a la promotora Pryconsa.
Sobre el tablero, unas 600 viviendas y reservas de suelo para zonas verdes y equipamientos varios. También para el entramado viario que conectará Aluche (Latina) con Carabanchel. Más de 68.000 metros cuadrados para edificar viviendas.
Finalizado el periodo de información pública han sido varias las asociaciones que han alegado contra la ordenación de los terrenos de la antigua prisión.
Una de ellas, Carabanchel Historia y Patrimonio, advierte del irremediable daño de todo este volumen de edificios y calles al entorno del edificio más antiguo de Madrid. La Ermita de Santa María La Antigua, un bien de interés cultural de la Comunidad de Madrid que data del siglo XIII.
Junto al templo, un camino histórico documentado por la propia Comunidad y que constituye el último resto de conexión pecuaria entre Aluche y Carabanchel. Vía que también resultaría afectada y que hoy en día constituye un proyecto de recuperación y reforestación vecinal.
Mantienen desde CHYP que "la parcela resultante, con la calificación urbanística asignada, constituye un grave obstáculo, permitiendo usos incompatibles con la recuperación del valor patrimonial del entorno y de la propia Ermita".
Y citan la celebración de la Romería de San Sebastián o las Jornadas de Recreación Histórica de Carabanchel.
Recuerdan los alegantes que, en virtud de la declaración de BIC por parte de la Comunidad y como 'hito visual', es de aplicación el apartado 3 del artículo 19 de la Ley del Patrimonio Histórico Español que prohíbe "toda construcción que altere el carácter de los inmuebles a que hace referencia este artículo o perturbe su contemplación”.
Aseguran en su escrito que dentro de los límites del Entorno de Protección "se prevé laconstrucción de edificaciones a menos de 45 metros de la ermita y 15 metros del cementerio, con un volumen y altura claramente contrarios a la norma".
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