Un juzgado de Madrid ha anulado el acuerdo del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) por el que se concedió licencia urbanística para las obras necesarias para acometer las exhumaciones del Basílica del Valle de los Caídos, ahora denominado Valle de Cuelgamuros.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 de Madrid ha anulado ese acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, como demandaban los recurrentes, entre los que se encuentran la Fundación Francisco Franco y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica.
Ese mismo juzgado ya suspendió de forma cautelar la licencia en noviembre de 2021, una decisión que revirtió posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en una resolución que este mes de marzo avaló el Tribunal Supremo.
La sentencia llega después de que este verano hayan empezado los trabajos forenses para exhumar a 128 víctimas del Valle de Cuelgamuros. Se trata de un nuevo obstáculo para el cumplimiento de la resolución judicial que en 2016 reconoció el derecho de los familiares de los hermanos Lapeña a recuperar sus cuerpos.
La jueza Eva María Bru Peral explica en su sentencia, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que en este procedimiento judicial no se ha tratado de determinar "si pueden o no hacerse las obras en la basílica", sino establecer "el instrumento jurídico a través del cual deben realizarse". Es decir, si las obras en los accesos a las criptas de la basílica debieron autorizarse mediante una licencia de obras, como estableció el acuerdo de la localidad, o a través de un plan especial.
Tras examinar el caso, la magistrada afirma que, debido a la "complejidad" de las obras, reconocida en la descripción del proyecto, estas "entraban en el ámbito de un plan especial", pese a los "esfuerzos de Patrimonio Nacional" por encajarlas "dentro de una mera licencia de obras".
Este mes de junio comenzaron por fin los trabajos forenses para exhumar a 128 víctimas de Cuelgamuros en cumplimiento de la sentencia histórica de 2016.
La Secretaría de Estado de Memoria Democrática recurrirá la sentencia de un juzgado de Madrid que anula la licencia de obras para los trabajos de exhumación de víctimas en el Valle de Cuelgamuros. Así lo han anunciado fuentes del Ministerio de la Presidencia que han reafirmado el compromiso del Gobierno con la localización y recuperación de los restos de las víctimas, "tal y como desean sus familiares".
En el recinto del Valle de Cuelgamuros, considerado la mayor fosa común de España, permanecen enterrados 33.833 restos de víctimas de ambos bandos de la Guerra Civil.
A partir de 2020, Patrimonio Nacional reconoció el derecho de exhumación a todos los familiares de víctimas que lo reclamen y que puedan acreditar que los cuerpos están enterrados en las criptas del Valle y el actual Ejecutivo aprobó en marzo de 2021 una subvención de 665.000 euros para las exhumaciones.
Poco después, en junio de 2021, el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial concedió a Patrimonio Nacional la licencia urbanística para las obras de exhumación, pero la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica recurrió esta medida porque consideraba que ello influiría en la "necesidad de respetar el sagrado reposo eterno" de los fallecidos y sus familias.