Vecinos de Perales del Río reclaman Junta de Distrito para el barrio

Vecinos de Perales del Río, en Getafe, han reclamado una Junta de Distrito para el barrio dentro de las reivindicaciones que han realizado al Gobierno municipal a través de la Asamblea Vecinal de Perales.

Al respecto, han señalado que hay una serie de cartas registradas a la alcaldesa, Sara Hernández, y diferentes delegaciones, que "no han sido contestadas, algo que sorprende y no se entiende, porque los ciudadanos merecen una respuesta".

Por ello, quieren información sobre el proceso de creación de la Junta de Distrito y establecer un compromiso estable de mesa de trabajo para ir viendo las necesidades del barrio, secuenciar las actuaciones y revisar su ejecución.

El Ayuntamiento anunció en noviembre de 2019 el inicio de los trabajos para crear las Juntas de Distrito, que deberían estar funcionando desde 2005 para cumplir con la Ley de Grandes Ciudades.

Entonces se celebró una jornada técnica para abordar las necesidades y consecuencias de la implantación de los distritos a fin de favorecer las relaciones entre la Administración y los vecinos, dotándoles de herramientas que permitan una comunicación ágil, eficaz y eficiente a la hora de solventar todas las acciones cotidianas y los trámites administrativos.

En la primera toma de contacto participaron directores de los centros cívicos y de barrio, así como personal técnico de la Administración local y representantes de los diferentes grupos políticos.

El concejal de Concejal de Urbanismo, Modernización y Transparencia, Jorge Rodríguez, aseguró que la jornada daba el pistoletazo para realizar un estudio donde se tendrá en consideración las distintas distribuciones territoriales que existen en el municipio, analizando cuáles son las opciones para segmentar o fraccionar el territorio en base a sus distintas características sociodemográficas.

Posteriormente, se llevaría a cabo un estudio organizativo y de funcionamiento de las Juntas de Distrito para adaptar la implantación de las mismas, compatibilizándolo y adaptándolo al Reglamento de Participación Ciudadana.

El último estudio que se realizaría sería el jurídico, administrativo y económico, donde se contemplarán los cambios jurídicos, presupuestarios y de personal administrativo que serán necesarios para que se pongan en funcionamiento.