La ley de Viviendas Rurales sigue su trámite tras el rechazo de las enmiendas a la totalidad

El grupo parlamentario del PP ha rechazado esta tarde las enmiendas a la totalidad al proyecto de Ley de Viviendas Rurales Sostenibles, que establece la posibilidad de edificar casas de una sola planta en fincas rurales en desuso sin protección ambiental y en parcelas de al menos 6 de hectáreas. La consejera de Medio Ambiente, María Isabel Mariño, ha recalcado que la norma, que seguirá ahora su curso parlamentario, "solo" permitirá la construcción de viviendas "en suelo no sujeto a protección sectorial", por lo que no será posible edificar en zonas naturales, vías de protección pública o zonas de embalses, entre otros.

De este modo, ha garantizado que la ley estará "en consonancia" con las leyes de patrimonio natural y ha cifrado en un total de 299.521 hectáreas la "extensión máxima de terreno" en la Comunidad susceptible de la construcción de estas viviendas.

También ha recalcado Mariño que el texto legislativo permitirá utilizar suelos "desaprovechados", ya que hay pueblos "con una tasa de población muy baja" a los que esta normativa beneficiará.

Será "un aliciente" para esas zonas, que seguirán teniendo la consideración de rurales, y permitirá cambiar "el modelo de la subvención", aportar "beneficios" a los habitantes rurales y luchar contra la desertización, ha proseguido.

Por su parte, Gabriel López, de UPyD, ha lamentado la oposición de partidos políticos, especialistas de la universidad y ecologistas a este proyecto de ley, e incluso ha apuntado que existe un rechazo "generalizado a este proyecto" en las propias filas del Partido Popular, algo que ha rechazado posteriormente la consejera.

"No es verdad que no hayamos hecho caso a las alegaciones", le ha contestado Mariño, ya que las alegaciones "fundamentadas", según ha comentado la responsable de Medio Ambiente, "las hemos aceptado".

El diputado de UPyD ha descrito el articulado de la ley como "contrario al deber constitucional" de "conservar, mantener y preservar" el medio ambiente, y ha reseñado que la norma promueve la "dispersión" en fincas "ajenas" a los núcleos de población tradicionales, la opción "menos adecuada para el rejuvenecimiento de los pueblos". Además, López ha referido que la "sostenibilidad" que defendida en el título de la ley "no se encuentra en absoluto" en su texto.

La diputada de IU Carmen Villares, por su parte, ha tildado de ley "virus" y "criminal" la norma, por ser "opuesta al interés general". Ha asegurado que el proyecto dará permiso para "construirse esa casita de 900 metros en seis hectáreas" en el campo cerca de parajes naturales, una "aberración conceptual" y un "agresión al planeamiento y control público sobre la ordenación territorial".

Igualmente, ha ubicado esta ley, que es un "insulto a la razón" porque las viviendas a que da lugar "no son rurales ni son sostenibles", dentro de la "estrategia de la privatización del medio ambiente" del PP.

Antonio Fernández Gordillo, del PSM, ha acusado al PP de mantener una "posición autista" por hacer caso omiso a los críticos con esta ley, la del "todo vale". "No aspiramos a volver al siglo XVII", ha insistido antes de destacar que "el suelo, además de un recurso económico, es un recurso natural".

Ha deplorado la "utilización indiscriminada" del suelo rural "sin previsión de ordenación previa del territorio", y ha destacado que si lo que busca el gobierno es fijar a la población en el rural debe apoyar la rehabilitación.

También ha indicado que permitir construir en fincas de al menos seis hectáreas "supondrá abrir la segregación de las unidades rurales", ya que propietarios dividirán parcelas de mayor superficie, cuando las directivas europeas recomiendan parcelas de 30 hectáreas para la explotación rural y ganadera, lo que dificultará las actividades agrícolas y ganaderas.

Otra de las alegaciones en contra formuladas por el PSM han radicado en que la ley "elimina toda competencia" municipal".

En el turno del PP, Álvaro González ha defendido que la norma da "más libertad" a las personas y a los pequeños municipios, y otorga valor "a fincas en desuso", y ha reprochado a las fuerzas de la oposición el intento de crear "alarma social".

Ha subrayado González que el proyecto legislativo permite "una única edificación" en fincas "que no se encuentren protegidas" por norma sectorial", y ha apuntado que existen normas similares en otras comunidades con restricciones mucho menores, como la superficie mínima de 0,5 hectáreas exigida en Cantabria o de 2 hectáreas de Extremadura.

Durante una tensa sesión, el presidente de la cámara ha retirado del diario de sesiones una manifestación del grupo parlamentario de IU, ya que la diputada Carmen Villar ha señalado que la Comunidad "roba" y Mariño ha exigido que se retractase.

Por su parte, desde filas del PP han mostrado al PSM una fotografía de la urbanización 'Villa PSOE", en la costa gallega, donde cargos del PSOE como Blanco o Zarrías, según Álvaro González, habrían edificado viviendas, lo que ha contrapuesto a la defensa de la naturaleza realizada esta tarde por los socialistas.