El abogado del descuartizador de Majadahonda pide su absolución

El abogado del supuesto descuartizador de Majadahonda, Marcos García Montes, ha anunciado este lunes que pedirá la exención de responsabilidad criminal para su cliente porque debido a su esquizofrenia "es una persona que está enferma, que está perdida en el tiempo y en el espacio".

A las puertas de la Audiencia Provincial de Madrid, donde hoy comienza el juicio oral del caso, García Montes ha señalado que en base a la psiquiatría y a los informes forenses han pedido la exención total para el acusado porque entienden que tiene una "esquizofrenia paranoide permanente".

"Las pruebas de los psicólogos y la psicopatopalogía entiende que la esquizofrenia paranoide es innaccesible, cíclica y progresiva y en este caso se proyecta. El fiscal dice que es episódica, pero nosotros creemos que es permanente. La acusación entiende que no hay enfermedad mental", ha dicho.

Por otro lado, el letrado también ha pedido la libre absolución de Bruno H.V. porque asegura que "no dio autorización" para los registros de su casa y "no reconoce los hechos". "No tiene ni idea de la máquina de picar carne", ha añadido, indicando que será en el juicio cuando responda a otras pruebas e indicios contra él. En conclusión, García Montes ha manifestado que su defendido no ha cometido delito "derivado de una prueba que es ilícita y no conduce a que se puede estimar".

De momento, durante la mañana de hoy los abogados de las partes están seleccionando el jurado popular, compuesto de nueve personas y dos suplentes. Estaba previsto que a continuación declarara el procesado, una declaración que según su abogado durará unas cuatro horas. No obstante, si se demora mucho la configuración del jurado puede que se postergue hasta mañana martes.

LA FISCALÍA PIDE 30 AÑOS DE PRISIÓN

Bruno H.V., el presunto descuartizador de dos mujeres en la localidad de Majadahonda, será juzgado por un Jurado Popular en la Audiencia Provincial de Madrid. Se le acusa de haber asesinado a su tía, Adriana G. y a una ciudadana argentina que estuvo de inquilina en su casa y desapareció en 2011. Posteriormente, está acusado de destruir sus cuerpos aún no encontrados en una picadora industrial.

La Fiscalía pide treinta años de internamiento para el acusado, al aplicarle "una eximente incompleta por enajenación mental" en relación a las muertes de su inquilina Adriana Giogiosa y de su tía Liria, mientras que la acusación particular no aprecia circunstancias modificativas de la responsabilidad penal y solicita veinticuatro años de cárcel, y la defensa la libre absolución.

El representante del Ministerio Público aprecia para el acusado la eximente incompleta de enajenación mental ya que padece esquizofrenia paranoide, un trastorno que "distorsiona el enfoque adecuado de la realidad en la que vive" de ahí que solicite que cumpla su condena en un centro especializado para someterle a un "tratamiento adecuado a la patología psíquica que padece durante 30 años".

En su intervención, la fiscal ha explicado que no aprecia una eximente completa, como argumenta la defensa, porque "la dinámica de los hechos apunta a un intento real de eludir su responsabilidad" pese a tener una enfermedad mental, por las acciones que realizó tras presuntamente matarlas para ocultar las muertes.

Al respecto ha mencionado la sociedad que creó para apropiarse del dinero de su tía, la carta que envió al trabajo de Adriana Giogiosa haciéndose pasar por ella para decir que lo dejaba, los mensajes enviados desde su móvil a amigos y allegados sobre que estaba de viaje por Europa y la desaparición de los cuerpos. "Todos son actos lúcidos y complejos", ha aseverado la fiscal que sustituye la pena de veintiséis años de prisión por treinta años de internamiento en un centro adecuado para que le traten médicamente su patología. Y dirigiéndose al tribunal del jurado les ha recordado que la clave aquí es "determinar el estado mental del acusado en el momento de los hechos", como también ha insistido luego la acusación particular que, al contrario que la Fiscalía, sí pide prisión.

En el relato de los hechos, se narra que Bruno dio muerte a su tía en una fecha "no determinada pero posterior al 13 de abril de 2010. Se deshizo del cuerpo con una maquina picadora industrial, que fue incautada por los agentes de la investigación en el sótano de la vivienda de la víctima situada en el municipio madrileño de Majadahonda. En diversos documentos falsificó la firma de su familiar fallecido para obtener un beneficio económico. Lo hizo para simular que su tía le cedía el piso durante 15 años por 18.000 euros.

MUERTE DE UNA INQUILINA

Según el fiscal, acabó con la vida de la inquilina Adriana B.G. el 1 de abril de 2015. No se sabe cómo. El acusado hizo creer que la mujer se había ido de viaje. Incluso mandó a sus familiares mensajes simulando ser ella. Para encontrar su cuerpo, se realizaron labores de búsqueda en el vertedero de Pinto entre el 28 de mayo y el 22 de diciembre de 2015, sin resultado positivo precisamente "al tratarse de un cuerpo triturado".

En cuanto a indemnizaciones, el fiscal pide que indemnice a los familiares de Adriana con 160.000 euros por daños morales. Y en 40.000 euros a cada uno de sus hermanos. Además, reclama que devuelva los 33.000 euros que se quedó de su tía.

En el escrito de la acusación que representa a los familiares de Adriana B.G., al que tuvo acceso Europa Press, se califican los hechos de asesinato. Piden que se le condene por este delito a la pena de 24 años de prisión, sin apreciar circunstancias modificativas.

INVESTIGACIÓN JUDICIAL

En el auto que concluyó la causa, el juez instructor calificó los hechos de dos delitos de asesinato, uno de falsedad documental, otro de estafa y un delito de tenencia ilícita de armas. Los asesinatos se refieren a los de Adriana G. y Liria H., tía del procesado y desaparecida desde 2011.

Un Jurado Popular será el encargado de enjuiciar los hechos que se le imputan, conforme a la tipificación de los delitos a enjuiciar. En la investigación, la Policía confirmó que la sangre encontrada en el domicilio del hombre correspondía a la de Adriana G., la inquilina argentina que había desaparecida hace meses y que hizo saltar las alarmas sobre los invesigadores.

Estos restos coincidían con los hallados en la picadora industrial de carne que se encontró en el garaje de la vivienda durante el primer registro y que el detenido podría haber utilizado para descuartizar a la mujer.

Según un informe psiquiatrico, el procesado padece un trastorno de esquizofrenia paranoide. Según el informe, cree pertenecer a una hermandad secreta que conoció en Puerto Rico a la edad de 15 años. El trastorno que sufre "impregna toda su vida y distorsiona completamente el enfoque adecuado de la realidad en la que vive". "Sus capacidades estarían anuladas si los hechos, en los que niega su participación, hubieran estado condicionados por su delirio", recoge el documento, que añade que en el momento de los hechos el procesado habría abandonado l

La sesión se ha prolongado durante poco más de una hora y el acusado, sentado a la izquierda de su abogado, la ha seguido prácticamente sin pestañear, sereno y tranquilo.