Uno de los acusados por delitos urbanísticos en el caso Ciempozuelos, Juan Ángel Muñoz, ha reconocido en la Audiencia Provincial de Madrid que en 2004 su empresa Format Consulting recibió un talón de 200.000 euros de la inmobiliaria Esprode para adquirir una finca en el municipio.
En la sesión de hoy han comparecido ante el tribunal los procesados Juan Ángel Muñoz, Manuel Ramón Martín Peña, José Luis del Olmo y Jesús Rey para responder por presuntos delitos continuados de blanqueo de dinero, cohecho y falsedad en documento mercantil.
Entre los acusados se encuentran los dos exalcaldes socialistas de Ciempozuelos Joaquín Tejeiro (1991-1995) y Pedro Antonio Torrejón (2003-2006).
"YO NO PUSE NI UN EURO"
Según la Fiscalía Anticorrupción, las empresas Format Consulting y Esprode aparecen en el contrato que los dos exalcaldes aportaron a una entidad bancaria de Andorra para justificar la apertura de una cuenta y que preveía una comisión de 40 millones de euros por la recalificación urbanística de un sector del municipio en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana.
Muñoz, asesor fiscal del exalcalde socialista de Ciempozuelos Pedro Antonio Torrejón, ha indicado que su empresa Format Consulting compró una parcela en Ciempozuelos a la sociedad Kimuso, que está participada por la inmobiliaria Esprode.
"Yo no puse ni un euro", ha señalado el acusado, quien ha detallado que el préstamo para la adquisición de la finca, que iba a ser recalificada con el Plan General, se lo hizo Esprode.
La Fiscalía Anticorrupción solicita para Muñoz una pena de un año y seis meses de prisión y una multa de 2,4 millones de euros.
El procesado Manuel Ramón Martín Peña, que se enfrenta a seis años de prisión y una multa de más de ocho millones de euros, se ha negado a contestar a las preguntas de todas las partes y ha aportado documentación sanitaria para justificar sus "problemas de memoria", que hacen que sus recuerdos desaparezcan y sus ideas se confundan.
"Todo aquello que he realizado y por lo que estoy acusado en este procedimiento son actividades documentadas de forma legal", ha resaltado Martín Peña en un texto que la secretaria ha leído durante la vista.
El acusado José Luis del Olmo, que se enfrenta a una multa de 400.000 euros, ha explicado que la empresa Esprode se dedicó a comprar suelo urbanizable en Ciempozuelos entre 1998 y 2006.
Del Olmo ha detallado que Esprode dejó de adquirir terrenos en 2006 en coincidencia con el comienzo de este procedimiento: "Somos la empresa de los 40 millones. Nos machacan. Nos destrozan".
Ha admitido que los contratos incluían una cláusula de anulación en caso de que no se urbanizaran los terrenos y ha subrayado que esta fórmula es "habitual" entre compradores y vendedores de suelo.
Además, ha resaltado que un gobierno del PP inició la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de Ciempozuelos y un gabinete socialista la terminó prácticamente sin cambios.
Del Olmo ha negado haber conseguido recalificaciones o algún beneficio del Ayuntamiento de Ciempozuelos por la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de la localidad.
El procesado Jesús Rey, que se enfrenta a una multa de diecinueve millones de euros, ha apuntado que su empresa Bitango vendió derechos para la edificación de vivienda libre en un sector de Ciempozuelos con la condición de que se aprobara el Plan General.
Ha relatado que se decidió a invertir en Ciempozuelos, como lo hizo en otros municipios madrileños, y ha agregado que, para ello, contrató a Francisco Javier Marazuela, que también está acusado en el procedimiento, con el objetivo de que contactara con los propietarios de las fincas que estuvieran en venta.
Rey, que ha negado tener "un avión particular", ha afirmado que cada cuarenta y cinco días liquidaba las "comisiones" con Marazuela, que le entregaba mediante pagarés, cheques o transferencias.
