El juzgado de instrucción número 3 de Colmenar Viejo ha decidido abrir juicio oral contra Miguel Ángel Santamaría, alcalde de esta localidad del norte de Madrid, por un delito continuado de prevaricación urbanística.
Santamaría, del PP, está acusado junto con su predecesor, cinco de sus concejales y otros cinco exconcejales, de conceder hasta 16 licencias urbanísticas de primera ocupación de forma irregular, saltándose los informes contrarios de los técnicos municipales. El juicio todavía no tiene fecha, pero tendrá lugar en un juzgado de lo penal de la localidad. Además, el juez ha impuesto al alcalde una fianza de 17.600 euros
En el auto, firmado el 27 de octubre por el magistrado Moisés Guillamón, se fijan fianzas de entre 11.200 y 17.600 euros para los acusados con el fin de garantizar el pago de las responsabilidades económicas en las que podrían incurrir en caso de ser condenados.
LAS FIANZAS Y EL PROCESO
El alcalde y el exalcalde deberán comparecer el día 9 de noviembre a las 12 horas para que se les notifique personalmente esta resolución -donde se indica que su fianza será de 17.600 euros- y reciban los escritos de acusación del Ministerio Fiscal y acusación particular.
El proceso judicial investiga 16 concesiones de licencias que se adjudicaron pese a existir informes "desfavorables" por incumplir la normativa, ya que las obras no se ajustaban al proyecto por el que se concedió la licencia y "en ningún caso" se tomaron las medidas necesarias para su subsanación, según el escrito de la Fiscalía.
La mayoría de los casos hacen referencia a la autorización de construcciones que sobrepasaban la altura permitida o incumplían las condiciones de salubridad de calidad del aire, el retranqueo de los edificios establecidos en el Plan General de Ordenación Urbana, la altura de las edificaciones o sus condiciones estéticas y compositivas.
El escrito señala que "sólo en algunos casos puntuales" los acusados trasladaron el expediente sancionador al departamento de Disciplina Urbanística para su incoación, mientras que en otras ocasiones se acordó su traslado "pero sin ningún propósito de llevar a cabo dicha decisión puramente aparente".
LA FISCALÍA SOLICITA 3,6 AÑOS DE PRISIÓN Y 10 DE INHABILITACIÓN
Por todo ello, la Fiscalía de Madrid solicita 3,6 años de prisión y 10 de inhabilitación para el alcalde y exalcalde, Miguel Ángel Santamaría y José María de Federico, y los concejales y exconcejales Ana Belén Colmenarejo, Antonio García Santos, César de la Serna, Inmaculada Viñoles, Justo García y Pablo Colmenarejo.
Además, para todos ellos pide 10 años de inhabilitación de empleo o cargo público, una multa de 22 meses con una cuota diaria de 20 euros, y la responsabilidad personal subsidiaria máxima de 11 meses.
Por otro lado, pide dos años de prisión para el exconcejal Pedro Gómez y su inhabilitación de empleo o cargo público por 10 años; mientras que para los ediles Carlos Blázquez, Jorge García y Juan José Serrano solicita dos años de prisión y ocho de inhabilitación para empleo o cargo público, y multa de 14 meses con cuota diaria de 20 euros.
Asimismo, a todos les pide el pago de costas y reclama la declaración de nulidad de las licencias municipales otorgadas por los acusados que se describen en los 16 hechos objeto del procedimiento. Mañana tienen que comparecer también los acusados Justo García, Ana Belén Colmenarejo, Antonia García y César de la Serna, a los que se les ha fijado una fianza de 17.600 euros, según determina el auto.
Por su parte, están citados para el 11 de noviembre a las 12 horas Inmaculada Viñoles, Pablo Colmenarejo y Pedro Gómez (con fianzas de 17.600 euros); además de Carlos Blázquez, Jorge García y Juan José Serrano (a los que se les ha requerido la cantidad de 11.200 euros). Contra este auto no cabe recurso, según manifiesta el juez en el escrito.
PIDEN A CIFUENTES APLICAR EL CÓDIGO ÉTICO
Los portavoces de los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid han instado a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, a aplicar el código ético del PP al alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Angel Santamaría, que será juzgado por un delito de prevaricación urbanística, y a atajar las causas que generan la corrupción.
Así lo han manifestado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, donde el portavoz del Grupo Popular, Enrique Ossorio, ha señalado que tanto el código ético del PP de Madrid, como el de los diputados y el de los altos cargos de la Administración regional, vinculan la dimisión a los investigados por delitos de corrupción o por delitos que por su gravedad causen una especial alarma social.
"No nos encontramos ante ninguno de esos supuestos", ha asegurado. Según Ossorio, "no se está hablando de corrupción política sino de incorrecciones en los expedientes administrativos urbanísticos que generan un delito de prevaricación".
Ossorio ha explicado que los expedientes tienen que ver con el retranqueo de edificios, emisiones a la atmósfera y alturas que no encajaban con el Plan General de Ordenación Urbana.
Para el portavoz adjunto del Grupo Socialista, José Manuel Franco, éste es "un caso más de corrupción en el PP", que "afecta al nuevo y al viejo PP, si es que hay nuevo y viejo PP". "La experiencia y los hechos nos demuestran que pueden cambiar las personas pero los comportamientos de corrupción siguen vivos", ha señalado Franco, quien ha afirmado que "la corrupción se combate yendo a las causas", no con "dimisiones puntuales".
Tras lamentar que "cada semana o como mucho cada mes" se da el "penoso y escandaloso espectáculo" de "un nuevo caso de corrupción", ha insistido en la necesidad de atajar las causas que la generan. "Todos las conocemos, pero parece que el Gobierno no quiere atajar esas causas", ha agregado Franco, quien ha apuntado que el actual alcalde iba en las listas aprobadas bajo la actual dirección del PP, por lo que "algo tiene que ver".
El portavoz de Podemos, José Manuel López, ha asegurado que se trata del "primer caso de corrupción del nuevo PP" y se ha preguntado cuál de los código éticos se va a aplicar al alcalde. "Me temo que no será el último caso que veamos", ha advertido.
El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha recordado que el acuerdo de investidura afecta a los altos cargos regionales pero no municipales para lanzar la pregunta a la presidenta regional de si se va a aplicar en este caso su código ético o "van a mirar para otro lado". "No tenemos la fuerza para forzar que dimita", ha dicho Aguado, quien ha asegurado que si en Ciudadanos tuvieran un alcalde procesado "habría dimitido hace tiempo".
