Carabante asegura tener "la conciencia tranquila" por el amianto del metro

El consejero delegado de Metro de Madrid, Borja Carabante, ha asegurado que ya está adjudicado el 20% del plan de retirada del amianto del suburbano madrileño, por un importe de 26 millones de euros sobre un total de 140 millones. En su comparecencia ante la comisión de investigación sobre la presencia de amianto en Metro de Madrid del Parlamento regional, Carabante ha precisado que los 996 reconocimientos médicos para descartar enfermedades relacionadas con la exposición a fibras procedentes del amianto, que se han hecho a los trabajadores, hasta el momento han dado resultado negativo. Ha dicho tener "la conciencia tranquila" por este asunto.

Además, se han realizado 203 mediciones en los centros de trabajo, que han dado resultados negativos, y se ha elaborado una instrucción para Metro y las empresas externas sobre las medidas de prevención.

Ha precisado que han sido analizados 290 elementos del tren y tan solo se han identificado 24 elementos con amianto, sobre un millón de piezas que tiene un tren.

Carabante ha admitido que lo que más ha perjudicado a Metro de Madrid ha sido la identificación de amianto en la pintura bituminosa de 40 trenes, que han sido paralizados y han sido retirados de la circulación, a pesar de que la presencia de pintura bituminosa no supone ningún riesgo, salvo cuando se produce una avería y hay que manipular el material. El consejero delegado ha subrayado que tiene "la conciencia tranquila" y se siente "absolutamente orgulloso" por el trabajo que están haciendo los técnicos de Metro de Madrid para garantizar la seguridad y la salud de los 7.000 trabajadores de la compañía y de los viajeros.

El consejero se siente "absolutamente orgulloso" por el trabajo que están haciendo los técnicos de Metro de Madrid

Los portavoces del PSOE y de Podemos, Daniel Viondi y Alberto Oliver, respectivamente, han pedido la dimisión de Carabante por su gestión del problema del amianto en el suburbano madrileño. Viondi le ha pedido que se marche "lo antes posible", mientras que Oliver le ha instado a apartarse de la gestión de Metro para que no siga "destruyéndolo".

Por su parte, el diputado del PP José Manuel Berzal ha opinado que el consejero delegado no debe dimitir por considerar que su gestión ha sido "transparente y ejemplar". Los portavoces de los grupos de la oposición se han quejado de las constantes interrupciones del compareciente, que no les dejaba formular sus preguntas, y el presidente de la comisión, José Manuel López, de Podemos, le ha reclamado que les dejara desarrollar su labor.

"Sin negligencia"

Por otro lado, el responsable del área de Prevención y Salud Laboral de Metro de Madrid, Javier Martín García, ha opinado que, a su juicio, no se ha producido negligencia en la actuación de su departamento en lo relativo al amianto y cree que se actuó correctamente en su momento tras conocerse el primer caso de afectado.

Además, ha explicado que comunicó a la compañía que existía un primer caso de trabajador afectado por asbestosis en marzo de 2017 aunque ha apuntado que antes llegó un informe facultativo sobre un posible caso en 2016 (al trabajador de mantenimiento de escaleras Santos González Roldán, con enfermedad profesional reconocida ya este año), del que no se informó a la dirección de la compañía hasta marzo de 2018 cuando se remite otro informe sobre el caso plausible de asbestosis.

Por otro lado, ha detallado que se comenzó a investigar la existencia de amiento en las instalaciones del suburbano en febrero de 2017, cuando se tuvo conocimiento de que empleados de una subcontrata perforaron una loseta que contenía fibrocemento en la estación de Artilleros.

Metro de Madrid ha impartido un programa de formación referente a la presencia de amianto en el suburbano a más de 2.000 trabajadores desde 2017, cuando intensificó "de manera importante" todas sus actuaciones relativas a este material.

El Comité de Empresa de Metro de Madrid convocó una concentración frente a la Asamblea de Madrid para protestar por la gestión del Gobierno regional con el amianto.