Una década después de destaparse la mayor trama de corrupción del Ayuntamiento de Madrid, los treinta acusados en el caso Guateque tenían hoy su primera cita en el banquillo de la Audiencia Provincial, un juicio que tendrá que esperar un día más después de que un procesado se haya ausentado por problemas médicos. Ha sido Juan Antonio Montesinos, antiguo funcionario de la Junta de Distrito de Chamberí, quien de forma inesperada no ha acudido a la Sección Segunda de la Audiencia de Madrid porque se encuentra realizándose unas pruebas médicas en un centro hospitalario, según han señalado fuentes jurídicas.
Dos horas después de que uno a uno los acusados fueran llamados a sala para escuchar las cuestiones previas, el tribunal ha suspendido la vista por la "incomparecencia" de Montesinos, que deberá a aportar la documentación pertinente que acredite su situación médica. En cualquier caso, mañana a la misma hora volverán a comparecer con o sin Montesinos. En el caso de que su ausencia se prolongue más de lo debido por problemas de salud, se abrirá una pieza separada para juzgarle cuando esté en disposición de comparecer.
Las citadas fuentes también han señalado que la Sala estudiará si procede abrir un expediente a la letrada del acusado porque ni ha comparecido ni ha avisado de los problemas médicos de su defendido. En total, una treintena de acusados entre empresarios y funcionarios municipales se enfrentan a penas de entre 31 años y seis meses de prisión por delitos de corrupción al participar presuntamente en una trama en la concesión de licencias a locales de ocio durante el mandato de Alberto Ruiz Gallardón.
Debido a la lentitud del proceso de instrucción, mañana se sentarán en el banquillo 30 acusados y no 34, ya que algunos han fallecido y contra otros se ha sobreseído en este tiempo la causa. Hoy, una década después de que se destapara la trama y después de que la investigación sufriera varios retrasos debido al número de implicados -el primer juez instructor llegó a ser multado con 1.000 euros por el retraso injustificado- posponer la vista veinticuatro horas más no afecta al proceso.
"Después de diez años y con cinco meses de sesiones de juicio oral por delante, un día más un día menos tampoco interfiere", ha señalado uno de los abogados a la salida, mientras que la acusación popular ejercida por el PSOE mostraba minutos antes de comenzar la sesión su satisfacción porque "al fin" arranque la vista.
Un juicio que según este abogado, José Mariano Benítez de Lugo, esclarecerá las distintas responsabilidades que tuvieron los acusados en los hechos. En concreto, ha citado a los dos cabecillas de la trama: el empresario Antonio Sanz Escribano y el funcionario Victoriano Ceballos.
Y ha añadido: "Sanz Escribano era un técnico fuera del Ayuntamiento que presentaba proyectos y encontraba un buen contacto y sintonía con el señor Ceballos". También ha dejado claro Benítez de Lugo la "falta de control total" existente en el Consistorio madrileño y las "deficiencias" en la supervisión a los funcionarios, aunque la responsabilidad penal recae, según el abogado, en los técnicos que presuntamente percibían cantidades a cambio de la concesión de licencias para locales de ocio…
EL CASO
El Ministerio Público solicita una pena conjunta de 250 años de prisión para los procesados por formar, supuestamente, una trama de corrupción dedicada a acelerar la tramitación de licencias administrativas en el seno del Ayuntamiento de Madrid.
A los acusados se les atribuye, según cada caso, delitos de cohecho, delitos continuados de falsedad en documento oficial, delitos contra el Patrimonio Histórico, delitos de tráfico de influencias, delitos de prevaricación ambiental y delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios. Está previsto que la vista oral del este juicio se desarrolle hasta el próximo mes de mayo. Para su celebración se han señalado 60 sesiones que tendrán lugar los martes, miércoles y jueves de cada semana.
Los hechos se remontan al 14 de noviembre de 2007 cuando se produjo la detención de 16 personas por orden del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid. La intervención judicial en la Gerencia de Urbanismo y la Concejalía de Medio Ambiente descubrió una presunta red de cobro de comisiones ilegales en el seno del Ayuntamiento.
En el marco de la instrucción estuvieron cumplieron prisión preventiva un total de diez imputados, entre ellos los presuntos cerebros de la trama. Seis años después, se acordó la imputación formal de 30 personas por delitos de cohecho, negociaciones prohibidas para los funcionarios y prevaricación ambiental, entre otras infracciones penales.
En cuanto a las penas, el fiscal reclama 14 años de prisión para uno de los presuntos cabecillas. Se trata de Victoriano Ceballos, quien estuvo al frente de la División municipal de Impacto y Análisis Ambiental de Medio Ambiente. Se le acusa de cuatro delitos de cohecho, seis de negociaciones prohibidas para los funcionarios y prevaricación ambiental.
Otro de los supuestos cerebros era Joaquín Fernández de Castro, a quien se imputa ahora un delito de cohecho, nueve delitos de prevaricación ambiental, y uno de negociaciones prohibidas a los funcionarios. Se enfrenta a una petición fiscal de 11 años de prisión.
Además, pide penas de hasta 21 años de cárcel para los acusados Santiago Castillo y el funcionario municipal Carmelo García. El primero forma parte del grupo de empresarios que se beneficiaron de los favores de los funcionarios.
