Nueva sentencia judicial que cuestiona el funcionamiento de los radares de semáforo que multan cuando se sobrepasan en rojo. La justicia afirma que una foto no informa de las circunstancias que explicarían si el conductor pudo haber parado o no y, por eso, ha anulado una multa de 200 euros impuesta en la Avenida del Mediterráneo.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Madrid ha anulado una sanción de 200 euros impuesta a un conductor por rebasar un semáforo en fase roja a la altura del número 32 de Avenida del Mediterráneo.
Así consta en una sentencia en la que el juez recalca que para imponer una sanción grave de este tipo debe quedar constancia de que el conductor pudo o no haberse detenido antes de cambiar a rojo.
Y para ello conocerse "si el semáforo tenía fase ámbar, y cuánto duraba la fase ámbar; y, si era suficiente para detenerse antes de la fase roja teniendo en consideración el tiempo de reacción de un conductor medio".
"En circunstancias normales, si la formula un agente de tráfico, se entiende que el agente constata estas circunstancias antes de sancionar; no denunciando, si le consta que el conductor no tuvo tiempo de detenerse. Pero, no puede decirse lo mismo de un aparato colocado junto al semáforo en condiciones que no se documentan", agrega el fallo.
Por esa razón, se estima el recurso planteado por los servicios jurídicos de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) y se anula la multa de 200 euros impuesta con reposición al conductor de los cuatro puntos detraídos.
En un comunicado, AEA ha celebrado el fallo y ha destacado que se une a decenas de otras sentencias favorables promovidas por los servicios jurídicos de esta organización.
Para este colectivo, se pone de nuevo en evidencia "la falta de garantías del sistema" utilizado por el Ayuntamiento de Madrid, desde noviembre de 2009, para captar supuestas infracciones por rebasar los semáforos en rojo en 26 intersecciones de la capital.
EL AYUNTAMIENTO DE MADRID PERSISTE EN EL SISTEMA
"No obstante, el consistorio madrileño en lugar de paralizar este sistema de captación de imágenes -sobre el que incluso ya se ha pronunciado el Tribunal Superior Justicia de Madrid y el Tribunal Supremo-, ha anunciado que a lo largo de 2016 instalará 15 cámaras más, que se suman a las 26 que venían funcionando desde hace siete años", ha señalado.
Según los datos que maneja AEA, en 2015 se han formulado 21.749 denuncias por este motivo, con una recaudación de más de 4.349.800 euros, mediante este sistema automatizado de control de infracciones. Denuncias que con mayor frecuencia están siendo anuladas por los tribunales.
Para el presidente de AEA, Mario Arnaldo, "resulta sorprendente que el Ayuntamiento de Madrid, en lugar de paralizar la utilización de un sistema sobre cuya legalidad ya se han pronunciado, numerosos juzgados, el propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid y hasta el Tribunal Supremo, persevere en la utilización ilegal y contumaz de un sistema que no garantiza la seguridad vial de peatones ni automovilistas".
