Seis consejeros de Gallardón declaran por el 'Caso Lezo'

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga el caso 'Lezo', ha citado a declarar como investigados este martes y miércoles a seis exconsejeros de la Comunidad de Madrid, todos ellos del equipo de Alberto Ruiz-Gallardón, en relación por la compra supuestamente irregular de la empresa Inassa por parte del Canal de Isabel II.

El juez ha citado hoy a los exconsejeros Paz González, Luis Blázquez y Luis Eduardo Cortés. Mañana a partir de las 09:30 de la mañana comparecerán Alicia Moreno, Pilar Martínez y Luis Peral.

Aunque ya se han practicado "la mayor parte de las diligencias probatorias", el magistrado considera procedente llamar a declarar a los exconsejeros para continuar esclareciendo los hechos relacionados con la compra de la mercantil colombiana "mediante la utilización de una sociedad interpuesta residenciada en un paraíso fiscal", la panameña Aguas de América SA.

Estas declaraciones se unen a la de propio Gallardón, que compareció ante el juez el pasado 7 de junio. También lo hicieron unos días antes el exconsejero de Presidencia Manuel Cobo y el exconsejero de Medio Ambiente y expresidente de la empresa pública de aguas Carlos Mayor Oreja.

Junto a los seis exconsejeros de esta semana, la mayoría de los integrantes del Gobierno autonómico que presidía Gallardón en 2001 están imputados por presuntos delitos de prevaricación y malversación tras escuchar unos meses antes a los miembros del Consejo de Administración del Canal de Isabel II que aprobaron la compra presuntamente irregular. Tan sólo José Ignacio Echániz sigue sin estar investigado al ser actualmente diputado en el Congreso y, por tanto, estar aforado ante el Tribunal Supremo.

CUMULO DE IRREGULARIDADES

El juez García Castellón decidió investigar a Gallardón y a sus exconsejeros porque considera evidente que hubo un "cúmulo de irregularidades" durante el proceso de adquisición de la empresa colombiana. Por contra, durante su declaración el expresidente de la Comunidad de Madrid y exministro de Justicia defendió la "legalidad" de la compra de Inassa y negó tajantemente el cobro de comisiones ilícitas. Asimismo, destacó que el tiempo ha demostrado que la adquisición de la sociedad de Barranquilla por 73 millones de dólares fue una buena decisión y que se hizo con todos los informes de los técnicos del Canal a favor de la operación. Lo mismo manifestaron Carlos Mayor Oreja y Manuel Cobo, mientras que los antiguos miembros del Consejo de Administración del Canal de Isabel II alegaron que confiaron en los informes técnicos para dar el visto bueno a la compra.