La operación de privatización de la plaza de España en la que el ayuntamiento, gobernado por Izquierda Unida, implicó -a través de una sociedad mixta- a los vecinos puede terminar teniendo graves consecuencias para estos vecinos.
La sociedad está en concurso de acreedores. Hace un año debía ya 78 millones a Bankia y a proveedores y la sombra del embargo planea sobre las casas de los vecinos que confiaron en aquella operación.
