El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este lunes que, más allá de las "imágenes puntuales de aglomeraciones que se han podido producir en algunos puntos de Chueca", durante las fiestas del Orgullo ha habido "un comportamiento responsable en general".
Almeida ha detallado que, a lo largo de los festejos, se han interpuesto aproximadamente mil multas "por consumo de alcohol en la vía pública" y "unas 55 como consecuencia del no cumplimiento de las normas Covid".
Las cifras no varían en demasía respecto a las del fin de semana anterior, el primero en que el uso de mascarilla no era obligatorio, cuando se pusieron 114 multas por su uso indebido, además de 1.020 por consumir alcohol en la calle.
"La inmensa mayoría de todos aquellos que acudieron a las fiestas del Orgullo lo hicieron con responsabilidad, acatando las normas", ha declarado Almeida a los medios tras inaugurar la sesión previa al XXVI Congreso Mundial de Derecho.
Desde la noche del miércoles pasado y hasta el domingo la Policía Municipal de Madrid puso en marcha un refuerzo diario de al menos 360 agentes, que entre otras actuaciones desalojó en la noche del jueves la plaza de Pedro Zerolo, donde se estaba realizando un botellón masivo.
Por otro lado, Almeida ha explicado por qué finalmente no se desplegó en la Gran Vía la bandera arcoíris de 700 metros que quería instalar la organización del MADO (Madrid Orgullo) con el apoyo económico del Ayuntamiento.
"Lamentablemente lo que pasó es que los plazos al final se presentaron tarde", ha señalado Almeida, quien ha añadido que los permisos pertinentes se pidieron "con muy poca antelación" al Consistorio y a la Delegación del Gobierno.
Según Almeida, fue la propia Asociación de Empresarios y Profesionales LGTBI de Madrid (Aegal), una de las entidades del comité organizador del MADO, la que, "consciente de esa premura" y de que "se había llegado tarde", desistió "voluntariamente" del proyecto.
Almeida ha asegurado que el Ayuntamiento estuvo dispuesto a "hacer ese esfuerzo" y "tratar de apurar los plazos", pero ha subrayado que "forzar los plazos administrativos no es sencillo y, además, puede generar situaciones de desigualdad", por lo que ha agradecido la "postura responsable" de Aegal.