La financiación de Madrid creció siete puntos por debajo de la media en 2011

La Comunidad de Madrid recibió en el año 2011 un total de 11.974 millones del sistema de financiación, con un crecimiento del 5,28 % que es siete puntos menor que la media nacional del 12,25 %, según ha avanzado hoy el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.

Durante el campus de verano de la Fundación FAES, González se ha referido a los datos definitivos del ejercicio 2011 que ayer el Ministerio de Hacienda y Administraciones remitió a las comunidades y ha reiterado que el actual modelo de financiación es "inaceptable" para Madrid.

El presidente de la Comunidad de Madrid ha apostado por recuperar la distinción entre servicios públicos y servicios sociales e iniciar un planteamiento de cuáles son los que las administraciones deben prestar para hacer "viable" el Estado, que en su opinión hoy no lo es.

González ha asegurado que la administración pública española es imposible de financiar con sus "parámetros actuales", dado que los recursos son finitos, por lo que ha abogado por "clarificar" el marco competencial y establecer su financiación, además de un cambio de mentalidad que permita distinguir "lo esencial" de "lo superfluo".

González, que ha intervenido en una mesa redonda sobre la financiación autonómica abierta por el expresidente del Gobierno José María Aznar, ha indicado que la evolución del Estado del bienestar en los últimos cincuenta años ha conducido a una gestión deficitaria de los servicios públicos, que se generalizaron "casi como un derecho personal" e incluso se ofrecieron gratuitamente.

En ese proceso, servicios públicos "tradicionales", como por ejemplo el transporte, se convirtieron en servicios "sociales", por lo que ahora es "absolutamente imprescindible" una "diferenciación" de los mismos, así como ajustar el precio de los servicios a su coste real.

A partir de ahí, ha proseguido, habrá que fijar las posibles ayudas para aquellos que acrediten su incapacidad para hacer frente al pago de los mismos.

El presidente de la Comunidad de Madrid ha destacado que los españoles han olvidado que los recursos son "finitos" y que en la etapa del Gobierno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero asumió de "forma irresponsable" que "toda necesidad es un derecho".

A juicio del presidente de la Comunidad de Madrid, en España ha primado "el sentimiento sobre la racionalidad" en la extensión de los servicios públicos y el olvido de que "las deudas se pagan" y los servicios deben adaptarse a la capacidad económica "actual y futura".

Esta mentalidad, según González, se ha potenciado por parte de las reivindicaciones de nacionalistas y partidos de izquierda y consolidado en administradores y administrados, lo que hace "muy complicado" prescindir de los servicios.

La consecuencia, ha agregado, es que España tiene un Estado inviable y una administración imposible de financiar con sus parámetros actuales, así como responsables políticos que implantaron nuevos servicios cuya deuda no quieren pagar alegando que esa competencia no es suya y debe pagarla otro.

"Hasta que no nos demos cuenta de todo esto, y lo modifiquemos en su raíz, seguiremos teniendo exactamente el mismo problema", ha apostillado.

En este punto, Ignacio González ha abogado por un "gran cambio" en las estructuras del Estado para racionalizar y poder financiar el sistema, acompañado de un "gran cambio de mentalidad" de la población que permita distinguir lo esencial de lo superfluo.

El presidente de la Comunidad de Madrid ha abogado por una reflexión profunda no solo del concepto de servicio público, sino del reparto competencial, la estructura autonómica del Estado, la financiación de las competencias y de las administraciones y la estructura y organismos que las lleven a cabo.

Ha reconocido como "evidente" que muchas administraciones han multiplicado su estructura hasta límites "disparatados", una realidad que, ha añadido, no se puede achacar a gastos "a veces casi anecdóticos" que en ocasiones salen en la prensa.

"Echar la culpa del déficit español a las embajadas, los consejos consultivos, los defensores del pueblo o los parlamentos autonómicos es de una superficialidad impropia de un análisis serio como exige la situación", ha remarcado