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La jueza que investiga el máster de Cristina Cifuentes ha solicitado la agenda de la expresidenta madrileña del día que supuestamente defendió su trabajo de fin de máster, el 2 de julio de 2012, para comprobar si la entonces delegada del Gobierno en Madrid tenía "un compromiso" con la URJC.

Fuentes jurídicas han informado de que la titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha dictado una providencia en la que pide a la Delegación del Gobierno en Madrid que le remita la agenda oficial de Cifuentes ese día y le da de plazo hasta el 7 de septiembre para que se la haga llegar.

La jueza ordena esta diligencia apenas dos días después de que la expresidenta regional compareciera en el juzgado en calidad de investigada y defendiera que cursó el máster de forma limpia y legal y que presentó y defendió ante un tribunal el Trabajo de Fin de Máster (TFM).

Cifuentes explicó que el 2 de julio de 2012 se desplazó al campus de la Rey Juan Carlos de Vicálvaro (Madrid) para defender su TFM durante "apenas cinco minutos" ante un tribunal "en el que había tres personas", y que así figura en la agenda de la Delegación. Se trata de la misma fecha que aparece en el acta de evaluación del tribunal, que según las profesoras que lo componían -dos de las cuales están investigadas en la causa- está falsificado.

Es por ello que la jueza acuerda librar oficio a la delegación del Gobierno para que informe al juzgado "si consta en la agenda electrónica" correspondiente al 2 de julio de 2012 que Cristina Cifuentes "tenía un compromiso en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid" y si se hace constar "el motivo de dicha cita", en concreto "si era para la defensa del trabajo de fin de máster"

En la providencia, además, la magistrada da por recibida la petición de la defensa de Cifuentes en la que "se solicita que se adopten medidas para evitar la difusión de las grabaciones practicadas en la causa", una vez que algunos medios de comunicación las hicieron públicas, algo que la expresidenta quiere evitar.

Fuentes jurídicas consultadas explican que el pasado lunes, antes de su declaración, la jueza se dirigió a las partes "visiblemente molesta" para advertirles por la difusión de las grabaciones y de demás diligencias a la prensa.