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El Juzgado de Instrucción Número 6 de Alcalá de Henares ha acordado la apertura de juicio oral contra el alcalde de Alcalá, Javier Rodríguez Palacios (PSOE), por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y contra el ejercicio de derechos cívicos. La oposición ya pide su dimisión, aunque él no se la plantea de momento.

Rodríguez Palacios será juzgado por haber convocado en junio de 2016 un Pleno Municipal con carácter extraordinario con solo un día de antelación, cuando sabía que dos concejales del Partido Popular no podrían asistir al mismo. Como ha adelantado el diario ABC, el alcalde de Alcalá de Henares será juzgado por la Audiencia Provincial de Madrid, órgano competente para esta causa, según declara el auto de la jueza Teresa de la Concepción Costa.

La apertura de juicio oral es el paso inmediatamente posterior a la transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado que la jueza acordó el pasado mes de octubre, al entender que concurren "suficientes indicios racionales de criminalidad en contra del querellado".

La determinación de la jueza se produce a solicitud de la acusación particular, ejercida por uno de los ediles que no pudieron asistir al Pleno extraordinario del 10 de junio de 2016, el portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Víctor Chacón.

El PSOE de Alcalá ha señalado este jueves en un comunicado que está aún pendiente de resolución el recurso de apelación presentado por Rodríguez Palacios ante la Audiencia Provincial de Madrid, que "en caso de ser estimado supondría el archivo del caso, por lo que su resolución podría devenir en que finalmente no se celebre juicio oral".

¿Por qué va a juicio?

Los hechos se refieren a la convocatoria por parte de Rodríguez Palacios, el 9 de junio de 2016, de una sesión extraordinaria y urgente del Pleno Municipal para el día siguiente, el viernes 10 de junio, a las 10.00 horas, con el fin de aprobar los presupuestos municipales del ejercicio en curso, el pago a proveedores antes de comienzo de las fechas estivales y eventuales negociaciones con los mismos.

Piden para el alcalde una pena de 10 años de inhabilitación

En su auto del pasado mes de octubre la jueza del Juzgado de Instrucción Número 6 consideraba que el alcalde de Alcalá de Henares conocía que los dos concejales del grupo municipal del Partido Popular, Víctor Chacón y Emma Castelló, no podrían asistir al Pleno, por encontrarse fuera de España -ausencias que fueron comunicadas con antelación mediante dos escritos el 18 de mayo de 2016-, mientras que sí podrían asistir al mismo tres días después, el lunes 13 de junio.

La acusación solicita para Rodríguez Palacios una pena de 10 años de inhabilitación especial para cargo público y ejercicio del derecho del sufragio pasivo por el presunto delito de prevaricación administrativa, y otra pena de 3 años de inhabilitación especial para cargo público, así como al pago de las costas procesales generadas a la acusación particular.

De momento, no dimite

El PSOE de Alcalá recuerda que la Fiscalía, en su escrito con fecha 5 de noviembre, considera "que los hechos "no son constitutivos de delito" y que "no cabe hablar de circunstancias modificadas de la responsabilidad criminal", por lo que propone "dictar una sentencia absolutoria" a favor de Rodríguez Palacios en caso de producirse el juicio oral". En opinión del PSOE de Alcalá, el caso "evidencia la intencionalidad del PP por dañar la imagen del alcalde, que no vulneró ningún derecho cuando estableció la urgencia de un Pleno en junio de 2016 para la aprobación inicial de los presupuestos municipales".

El caso "evidencia la intencionalidad del PP por dañar la imagen del alcalde"

Los socialistas lamentan "la línea de oposición judicial e hipócrita que el PP de Alcalá ha elegido", y consideran que "con el acoso al alcalde se pretende ocultar el caso del dirigente regional y concejal en el Ayuntamiento de Alcalá, Marcelo Isoldi, que tiene pendiente un juicio oral abierto por prevaricación y para el que la Fiscalía en este caso pide un año y nueve meses de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 8 años". "También pretende el PP ocultar el caso del alcalde de la cercana localidad de Meco, Pedro Luis Sanz, que tiene fijado para el próximo 20 de marzo un juicio oral por prevaricación administrativa y nombramiento ilegal", añaden.

Respecto a la posibilidad de dimisión del alcalde de Alcalá, en virtud del Código Ético del partido, el PSOE de Alcalá de Henares señala "que la situación del alcalde y secretario general ha sido comunicada a los órganos competentes del PSOE, conforme a la normativa interna, y este caso no se encuentra entre los supuestos de corrupción, enriquecimiento ilícito o violencia de género" que recoge el artículo 427 de sus estatutos.

"Tiene que dimitir"

Mientras, los grupos parlamentarios de Ciudadanos y Popular han exigido la dimisión. En los pasillos de la Cámara regional antes de la celebración del Pleno de Presupuestos regionales, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, ha sostenido que el Código Etico del PSOE dice que si se abre juicio oral "tiene que dimitir".

En esta línea, el portavoz del PP, Enrique Ossorio, ha pedido la dimisión de Rodríguez Palacios, ya que pertenece a dicho Comité. "Se ha abierto juicio oral contra él y alegó a la jueza que no se le aplicara pero la jueza lo que le ha dicho es que es un ciudadano más", ha zanjado.