Un juzgado de lo Contencioso Administrativo ha anulado la venta por el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) de 2.935 viviendas públicas a un fondo buitre (en concreto a Azora-Goldman Sachs) en 2013, durante el Gobierno del expresidente madrileño Ignacio González. La decisión se adopta cuatro años después de que una de los afectadas presentara su demanda.
Según la sentencia, esta adjudicación que dictó el Ivima nunca fue debidamente "explicada ni justificada" y tampoco aprobada por el Consejo de Administración de esta institución dependiente del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Esta consulta, según la sentencia, era un requisito necesario en una venta de estas características, que supone "una alteración de todo un programa de actuación" del Ivima al tratarse de casi 3.000 inmuebles que cumplen la "función social" de proporcionar una vivienda a las clases más desfavorecidas.
La venta de estos inmuebles por un valor de más de 200 millones de euros al fondo de inversión entra en contradicción con la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, en opinión del juez que firma la sentencia.
Esta adjudicación fue emitida el 29 de agosto de 2013 por el Ivima sin haberla justificado y dos meses más tarde se comunicó a los arrendatarios esta trasmisión de la propiedad de sus viviendas.
Entre ellos estaba la denunciante, beneficiaria de una reducción del alquiler del 90 por ciento de su vivienda en Navalcarnero, que emprendió acciones judiciales ante el mismo Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid que ahora dicta sentencia.
Sin embargo, en febrero de 2016 este juzgado no admitió el recurso, lo que llevó a la afectada a presentar un recurso de casación al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que también confirmó la no admisión.
Fue el Tribunal Supremo el que, admitiendo otro recurso de la demandante el pasado noviembre, volvió a traer el caso al juzgado, que ahora admite lo demandado por la afectada, anula la adjudicación de las viviendas al fondo Azora-Goldman Sachs y pide que se devuelva el contrato de arrendamiento a la perjudicada. Ella alegaba en su demanda una vulneración de los principios de protección a la familia, de protección de los menores y del derecho a una vivienda digna.
El Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid está investigando en la actualidad esta posible venta fraudulenta de las 2.932 viviendas de Ivima, un proceso que, según el fiscal que lo investiga, "está trufado de irregularidades" y podría constituir un delito de prevaricación y malversación.
La autoría de estos delitos correspondería a dos exdirectivos de la entidad: Ana Gomedio, que era directora del Ivima en el momento de la venta y Juan Van-Halen, que dimitió de su cargo como director general de Arquitectura y Vivienda del Ministerio de Fomento cuando comenzó a ser investigado.
GARRIDO: NO FUE UN ACIERTO
El presidente de la Comunidad de Madrid, Angel Garrido, ha sostenido que la venta de viviendas públicas a un fondo de inversión, que acaba de ser anulada por un juez, "no fue un acierto" y ha recordado que desde su Ejecutivo se han comprometido "a no vender jamás a fondos de inversión vivienda pública". Así ha respondido el dirigente autonómico al ser preguntado por la información publicada por la 'Cadena Ser' que recoge que el juzgado contencioso número 29 de Madrid ha estimado el recurso de una afectada cuya vivienda pública fue vendida a un fondo buitre y anula además el acuerdo de enajenación de casi 3.000 viviendas del IVIMA a Azora Gestión en 2013.
"La interpretación de la sentencia corresponde lógicamente a los servicios jurídicos y ellos nos trasladarán cuál es la forma de acatarla", ha indicado, para a continuación incidir en que dichas ventas no tuvieron que haberse producido.
