Un Policía Nacional ha relatado hoy que la pista clave que permitió a los investigadores dar con los dos vehículos que empleó el presunto pederasta de Ciudad Lineal en sus agresiones fue un llavero verde de un concesionario, que una de las víctimas observó mientras el acusado la tuvo escondida en un coche. Lo ha dicho en la quinta sesión de la vista oral que se ha celebrado esta mañana en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid contra Antonio Ángel Ortiz, de 44 años, para quien la Fiscalía pide 77 años de prisión por secuestrar y agredir sexualmente a cuatro niñas.
Durante su declaración policial, la menor que fue agredida el 22 de agosto de 2014 dijo que cuando el supuesto agresor la introdujo en el Citroen Xsara Picasso la pidió que se escondiera en el hueco existente entre el asiento del copiloto y los asientos traseros del vehículo para evitar que pudiera percatarse del recorrido. Tanto es así que el único ángulo de visión posible para la niña solo la permitió observar el volante y la llave de contacto, donde se percató de la presencia de un llavero de color verde, de plástico y muy similar a los utilizados por concesionarios de coches que estaba anillado a la llave del vehículo, ha explicado el policía.
En aquel momento los investigadores disponían de dos pistas sobre el vehículo que empleó el agresor: una grabación de una cámara de seguridad captada el mismo día 22 de agosto a un Citroen Xsara Picasso - en el que no se aprecia la matrícula- cuando el acusado para a comprar un bote de crema mientras la menor permanece en el vehículo y el llavero verde. Tras un rastreo muy voluminoso de las empresas de compraventa que disponían de este modelo, los agentes dieron con un fotograma de una empresa de Fuenlabrada en el que aparecía el llavero verde, lo que les indujo a pensar que se trataba del coche que utilizó el agresor.
Entonces, se desplazaron a la mercantil para averiguar qué había sucedido con ese coche y comprobaron que el vehículo había sido utilizado durante un tiempo por Ortiz, quien lo devolvió "sucio, con restos de lluvia y manchas en los asientos", por lo que la empresa tuvo que limpiarlo en profundidad por dentro y por fuera. Inmediatamente, los investigadores comenzaron a buscar los otros vehículos que pudo utilizar el acusado hasta que dieron con un Toyota Celica que estaba a nombre de la pareja sentimental de Ortiz, quien no consentía ser la titular del mismo, por lo que la mercantil asumió su titularidad, ya que el dueño era amigo del acusado. Se trata del coche que describió la menor que fue agredida el 10 de abril de 2014.
El agente ha explicado que en el registro de la calle Montearagon, donde el acusado vivía con su madre, hallaron numerosas multas y documentación referente al Toyota Celica. Y la semana pasada, uno de los agentes que transcribió las conversaciones telefónicas de Ortiz, durante el tiempo que permaneció escondido en Santander en casa de unos familiares hasta su arresto, dijo que el procesado se sorprendió mucho cuando su socio le comentó que la policía fue al concesionario a llevarse el Citroen Xsara.
En esta jornada, han declarado otros siete policías que participaron en la entrada y registro del denominado "piso de los horrores", la vivienda de la calle Santa Virgilia donde supuestamente cometió dos de las agresiones. Todos ellos han explicado que el acusado permaneció custodiado desde las 09.30 horas en el rellano de la puerta del piso y que no fue hasta pasadas diez horas, a las 19.30 horas, cuando entró en la vivienda junto a la letrada de la Administración de Justicia.
Durante esas diez horas de registro, solo Policía Científica estuvo presente en la casa recopilando pruebas sin la presencia física de la autoridad judicial, lo que la defensa ha considerado completamente ilegal hasta el punto de que se trata de uno de los puntos clave que esgrime el abogado defensor para pedir la nulidad del procedimiento.
Sin embargo, las acusaciones consideran que el registro se realizó conforme a la legalidad al recordar que existe doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que exime de la presencia del acusado durante las horas que trabajó Policía Científica para evitar que pueda destruir o desvirtuar pruebas.
