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Medio millar de delegados del sindicato de prisiones ACAIP de toda España desfilan por el centro de Madrid con noventa carretillas cargadas de chorizos para exigir ante el Ministerio del Interior más funcionarios en las cárceles, actualmente "colapsadas", "deterioradas" y con presos "abandonados".

"Por respeto y reconocimiento, ahora justicia" es el lema de la protesta convocada por este sindicato, mayoritario entre los funcionarios de prisiones -alrededor 23.000 trabajadores en total- y que congrega desde las 12:00 horas a todos sus delegados en una marcha que ha partido de la plaza de Canalejas y concluirá en el Ministerio del Interior.

Detrás de la pancarta, noventa representantes sindicales de cárceles de toda España portan carretillas cargadas de ristras de chorizos como denuncia de la "indecencia" de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que está llevando "al colapso" las cárceles y a una situación de "deterioro progresivo", en palabras del presidente de ACAIP, José Luis Pascual.

"No hay personal, hay cárceles sin plantilla cuando no cerradas y diariamente se registra una agresión a un funcionario", ha denunciado, en declaraciones a Efe, Pascual, quien ha lamentado que ante este escenario no se toman soluciones.

En opinión de la organización haría falta la convocatoria de una oferta pública de empleo de funcionarios en los centros penitenciarios de 3.500 plazas, que son las que actualmente están vacantes para cumplir con el mandato constitucional del trabajo en las prisiones.

Pascual ha lamentado que haya centros en los que solo hay dos médicos para más de 1.000 internos y que ni siquiera pasan consulta. "Los internos están abandonados, se van a crear problemas de salud pública, pero se niegan a invertir en personal, lo que es intolerable", apostilla.

A esta reivindicación de más funcionarios, ACAIP demanda el cese del secretario general de Prisiones, Ángel Yuste, y que, "de una vez por todas", las competencias estén asumidas dentro del Ministerio de Justicia y no del de Interior.

Porque así figura en todos los países europeos, defiende el sindicato, y porque el mandato constitucional de reinserción de los presos se cumple desde la función penal desde la cartera de Justicia y no desde la de Interior.