Los municipales no niegan los insultos a Carmena pero dicen que el chat era privado

Seis policías municipales de Madrid que formaban parte del grupo de WhatsApp en el que se insultó a la alcaldesa Manuela Carmena han defendido hoy ante el juez que se trataba de un "chat privado" si bien no han negado jamás el contenido del mismo, según han informado fuentes jurídicas.

Entre los agentes que han declarado esta tarde como testigos ante el titular del Juzgado de Instrucción 42 de plaza de Castilla, Juan José Escalonilla, se encontraban Julián Leal, exportavoz del sindicato CPPM, mayoritario en la Policía Municipal, y Carlos Bahón, presidente de la Asociación de Policía Municipal Unificada (APMU).

Ambos representantes sindicales estaban en el grupo de mensajes electrónicos porque su origen fue laboral, para abordar posibles cambios en el turno de noche, motivo por que se creó en abril de 2016 y se denominó "10 años y turno de noche".

Tanto ellos como sus cuatro compañeros han destacado que se trataba de un "chat absolutamente privado" y, por tanto "sin relevancia pública", independientemente del número de personas que formaran parte de el, que sobrepasaba el centenar de usuarios.

Otras fuentes han informado a Efe de que los policías han contado al juez que había "normas no escritas" que contemplaban que "todo lo que allí se decía no podía difundirse", es decir, que los miembros tenían la "firme creencia de que todo quedaba en el grupo". Y han querido dejar claro que los 60 administradores del grupo de WhatsApp, denunciado el 13 de noviembre pasado ante la unidad especializada en delitos de odio de la Policía Municipal y ante el juzgado por un agente, "solo aceptaban como miembros a policías municipales del turno de noche", negando la existencia de terceras personas en el grupo.

Nninguno ha negado ni el contenido del chat ni los mensajes en los que se llamaba a la alcaldesa madrileña "vejestorio despreciable" y se decía que "lo que es terrible es que ella no estuviera en el despacho de Atocha cuando mataron a sus compañeros", entre otros mensajes en los que también se alababa a Hitler y el nazismo y se vejaba a los inmigrantes.

Lo que sí han subrayado es que todas estas expresiones no se entendían como ofensivas ni se vertían con el ánimo de ofender pues eran comentarios jocosos entre amigos y conocidos, añaden las fuentes, que ponen como ejemplo que el policía denunciante también lanzó insultos y comentarios fuera de tono.

"Carmena es un mercachifle apestado que busca notoriedad", "me pongo en la piel del rojo de mierda de barbero y digo...", "que mal lo vais a llevar con tanto maricón y bollera por Madrid" o "Pradolongo se pierde lo mismo, la llegada de inmigrantes a la zona posibilita que el parque se pierda", son algunos de los comentarios que escribió el denunciante en ese chat.

Según las fuentes, los testigos han admitido en su comparecencia- a la que no ha asistido el fiscal ni el letrado del Ayuntamiento- que no se expulsaba a ninguna persona del chat pese al tono de los mensajes, lo que según las fuentes consultadas por Efe podría incluso abrir la puerta a una posible inhabilitación.

Por otra parte, el letrado del agente que denunció los hechos ha pedido al juez la declaración como testigo del responsable de CCOO en la Policía Municipal, Emiliano Herrero, quien presentó una denuncia porque en el chat se vertían amenazas contra él y contra la veintena de candidatos de la lista electoral de Comisiones.

Las declaraciones de los seis policías que han testificado hoy fueron solicitadas por las defensas de los tres agentes denunciados por otro que, al recriminarles su actitud en el chat, fue amenazado, según la denuncia que dio origen al caso.

El Ayuntamiento identificó a estos tres agentes como autores de las amenazas al agente denunciante, conocido como 'Ronin 47', les suspendió temporalmente y les retiró el arma.

Ya el 4 de diciembre, el magistrado instructor dictó un auto en el que consideraba que los comentarios vertidos en el chat pueden ser constitutivos de delitos de fomento o incitación al odio contra un grupo por motivos racistas previsto en el artículo 510 del Código Penal, y de delitos de injurias a la autoridad (por lo referido a Manuela Carmena) y a particulares (por las críticas a los periodistas Ana Pastor y Antonio García Ferreras).