La presidenta de Asamblea pide un informe jurídico de la comisión de corrupción

  • PSOE, Podemos y Ciudadanos se opusieron

La presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, ha solicitado un informe sobre las garantías jurídicas de la comisión de investigación sobre corrupción política en la Comunidad, tal y como había solicitado el Grupo Popular a raíz de la sentencia que anuló la comisión de investigación abierta en el Ayuntamiento de Madrid. Adrados ha tomado la decisión en contra del criterio mayoritario de la Mesa --compuesta por tres representantes del PP, dos del PSOE, uno de Podemos y otro de Ciudadanos--, que este lunes abordó el escrito registrado por el PP el pasado 19 de enero en el que pedía la realización de un informe jurídico sobre la posible aplicación de la doctrina implícita en dicha sentencia, que declaró la nulidad de la comisión municipal al entender que esta "no tiene un objeto concreto, sino genérico".

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este martes, los portavoces de los grupos de la oposición se han manifestado en contra de la solicitud del informe.

El portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, ha puesto de manifiesto la preocupación de su grupo por "la obsesión del PP de intentar tumbar la comisión de investigación", al tiempo que ha asegurado que, "al margen de que se hayan abstenido cuando se aprobó", lo que han hecho es "intentar buscar todos los resquicios legales para bloquear esta comisión de investigación". Así, ha asegurado que la presidenta de la Asamblea ha decidido pedir un informe jurídico "con el objetivo de bloquear y de tumbar la comisión de investigación", lo que "hace un flaco favor no a los grupos parlamentarios sino a los madrileños".

"Tenemos la sensación de que el PP está obsesionado por tapar la corrupción, por sellar las fosas sépticas de la corrupción, por no conocer la verdad, y nosotros desde Ciudadanos estamos obsesionados por conocer la verdad", ha señalado Aguado, quien ha afirmado que "esta Asamblea y esta comisión de investigación están siendo una herramienta útil para entender lo que pasó en la Comunidad de Madrid en tiempos de Ignacio González y de Esperanza Aguirre".

"Nos llama la atención que hablen de tolerancia cero contra la corrupción cuando lo que quieren hacer es cerrar esta comisión de investigación", ha agregado, al tiempo que ha defendido que la comisión dure "al menos esta legislatura y, sobre todo, todo el tiempo que sea necesario para conocer qué ha pasado en la Comunidad de Madrid".

En este sentido, ha advertido de que no van a aceptar que el PP quiera "cerrar en falso" esta comisión y ha rechazado las "estratagemas" del PP "para quitarle hierro a las etapas de Aguirre y de González donde la corrupción campó a sus anchas en la Comunidad de Madrid".

"USO PARTIDISTA"

Tras señalar que no se puede asimilar la comisión municipal a la comisión parlamentaria, amparada por el Reglamento de la Asamblea, Aguado ha acusado a la presidenta de la Asamblea de utilizar su cargo de "manera partidista".

En la misma línea se ha manifestado el portavoz adjunto de Podemos Marco Candela, quien ha comparecido en la rueda de prensa en sustitución de la titular de la Portavocía, Lorena Ruiz-Huerta, que al salir de la Junta de Portavoces se ha ido a los actos conmemorativos del 40 aniversario de la matanza de los abogados de Atocha. Candela ha argumentado que "una comisión informativa del Ayuntamiento no tiene nada que ver con una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid que está reglada y recogida en el Reglamento de la Asamblea de Madrid", para señalar que "es perfectamente legal, reglamentaria y necesaria". Por otro lado, ha recordado que el PP tuvo un plazo de dos meses tras la constitución de la comisión, el 28 de octubre de 2015, para impugnarla, al tiempo que ha defendido que si quiere encargar un informe "debería hacerlo como partido político, encargando un informe a un bufete de abogados".

"En ningún caso consideramos que es tolerable que se haga uso de los recursos de todos, como son los letrados de la Asamblea de Madrid, por parte de la presidenta de la Asamblea de Madrid, que es algo más que una diputada del PP, para hacer algo que nosotros entendemos que es intentar una impugnación de la transparencia, de una función que es clave en democracia y en cualquier sistema parlamentario, que es que el órgano legislativo haga rendir cuentas y fiscalice la actividad del Ejecutivo o de los demás entes de la Administración pública", ha afirmado. Así, ha afeado al PP que intente "deslegitimar" una comisión que es "perfectamente válida", como "así lo entendieron todos los grupos en su día", y ha criticado que la presidenta de la Asamblea haga "un uso partidista de los recurso de todos".

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, Angel Gabilondo, ha explicado que los socialistas, al igual que el resto de los grupos de la oposición, han pensado que "no era necesario" el informe, y que "de haberse entendido que había algún problema jurídico había que haberlo planteado en el momento de la constitución".

Sobre la decisión de Adrados de solicitar el informe, ha asegurado que no ponen en cuestión que pueda hacerlo, ya que "tiene la capacidad legal" de hacerlo, al tiempo que ha argumentado que la oposición de los socialistas se debe a que consideran "erróneo" tratar de identificar la comisión del Ayuntamiento con la comisión de la Asamblea.

Gabilondo ha recalcado que "son dos comisiones distintas", tanto en su objeto como en la normativa por la que se rigen, al tiempo que ha insistido en la "legitimidad" de la presidenta para solicitar el informe. Por otro lado, ha dicho que no quiere pensar que el PP quiera "poner obstáculos para que se puedan aclarar hechos, sucesos o decisiones que tienen que ver con el buen funcionamiento legal y legítimo de las instituciones", porque estaría "haciéndose mucho daño y haciendo mucho daño a Madrid".

"UN CAUSA GENERAL"

Por su parte, Ossorio ha afirmado que el PP "ha tenido una posición muy prudente desde el primer momento" y que tras conocer la sentencia lo primero que hizo fue pedir una "reflexión" a los grupos, antes de proponer una solicitud de informe conjunta. "Nunca hemos pedido que se paralice", ha aseverado Ossorio, quien ha manifestado que los grupos de la oposición tienen "pánico", por lo que, a su juicio, "ellos piensan que lo están haciendo mal".

Ossorio ha destacado la necesidad de garantizar los derechos, al tiempo que ha defendido que los argumentos que pone el juez en la sentencia sobre la comisión municipal son "perfectamente aplicables".

En este sentido, ha insistido en que, a juicio del PP, la comisión de investigación de la Asamblea constituye "una causa general", que es el principio al que alude el juez en la sentencia sobre la comisión municipal, aunque "es cierto que se rigen por normas diferentes".

Ossorio ha calificado la oposición de los grupos de "insólita", al tiempo que ha explicado que cualquier miembro de la Mesa puede solicitar un informe a los servicios jurídicos de la Cámara.