La jueza imputa a la profesora de la URJC que negó haber presidido el tribunal del TFM de Cifuentes
La profesora que firmó el acta del TFM de Cifuentes y la funcionaria que retocó las notas declararon hoy
Alicia López de los Mozos, pasa a ser investigada por un presunto delito de prevaricación administrativa
La titular del Juzgado número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha decidido este jueves que la profesora de la Universidad Rey Juan Carlos Alicia López de los Mozos, que negó haber presidido el tribunal de la evaluación del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, pase a estar como investigada en la causa. Así lo han señalado fuentes jurídicas después de que esta mañana la profesora haya declarado ante el juez pero en calidad de testigo. En el marco de las declaraciones, la magistrada ha decidido cambiar su situación a investigada por un delito de prevaricación administrativa por haber calificado a alumnos que supuestamente no habían participado en el máster, han añadido a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
López de los Mozos ya declaró el pasado 5 de abril en el marco de la investigación abierta por el máster de la expresidenta de la Comunidad en la Universidad. Lo hizo con un escrito en el que señaló que ella no presidió ni formó parte del tribunal que evaluó el Trabajo de Fin de Máster de la exdirigente madrileña.
Esta versión se contradecía con la que se había recogido al principio de la polémica, cuando se aseguró que ella era la presidenta de este tribunal y que como tal firmó en el supuesto acta. Ella también negó haber firmado dicho documento e insistió en tener "relación alguna" con este caso que le estaba ocasionando "importantísimos perjuicios físicos, psíquicos, personales, familiares y profesionales".
En su declaración, bajo juramente, continuó señalando que no había "formado parte" ni "presidido" ningún tribunal que haya examinado dicho TFM de Cristina Cifuentes, y que como consecuencia de ello, no reconocía "el contenido del acta que se ha hecho público en los medios de comunicación ni tampoco la firma que aparece en el mismo".
Del mismo modo, la profesora indicó durante su declaración que no tenía conocimiento de la existencia en los archivos del Instituto de Derecho Público de la URJC ni del TFM de Cifuentes "ni de ningún otro documento en relación con el mismo".
ACTA DE LA UNIVERSIDAD
La profesora salía como presidenta del tribunal en el acta que la universidad facilitó al equipo de Gobierno de Cristina Cifuentes el pasado 21 de marzo y que fue, posteriormente, difundido a los medios de comunicación como una de las pruebas de que había realizado el máster en la universidad.
De hecho, la propia presidenta salía unas horas después realizando un vídeo en directo por Periscope, con el acta en la mano diciendo: "Aquí tengo un acta del Trabajo Fin de Máster, un acta que está firmada por las tres miembros del tribunal calificador con la fecha de la evaluación que fue el 2 de julio de 2012 la calificación del trabajo que por cierto saqué un notable".
En el comunicado emitido ese mismo día por la Comunidad de Madrid, destacaban que "seis profesores universitarios han empeñado su palabra, su prestigio y la carrera profesional de funcionarios públicos para afirmar sin la más mínima duda, que todo el procedimiento académico en relación con el Máster se llevó a cabo de acuerdo con la más absoluta legalidad, y que no hubo irregularidades".
'El Confidencial' publicaba después unas informaciones sobre la falsificación de al menos dos de las firmas que constaban en el acta. También señalaban que el documento se habría realizado el mismo día 21 de marzo (cuando este tribunal se reunió supuestamente en julio de 2012).
Coincidiendo con el pleno extraordinario en la Asamblea de Madrid donde Cifuentes compareció por este caso, su equipo descartó incluir este acta entre la documentación que, a su juicio, demostraría que ha realizado estos estudios. El resto de escritos sí que se entregaron y estaban compulsados por la propia Universidad.
CITADOS A DECLARAR
El Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid toma este jueves declaración en calidad de investigadas a una de las profesoras cuya firma aparecía en el acta del tribunal del Trabajo de Fin de Máster (TFM) que habría realizado la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), así como a la funcionaría que habría cambiado las calificaciones.
Las comparecencias se enmarcan en la causa que sigue por presunta falsedad en documento público abierta a raíz de una denuncia presentada por una catedrática de la Universidad de Salamanca, así como sobre el acta relativa a la defensa de este trabajo.
El caso del máster de Cifuentes sumado a la publicación de un vídeo en el que aparecía la exdirigente madrileña robando unas cremas provocaron la dimisión de la expresidenta madrileña de todos sus cargos políticos. A las 12 horas, están citadas ante la juez Mª del Carmen Rodríguez-Medel Amalia Calonge y Cecilia Rosado. Calonge es la funcionaria que retocó las notas de no presentado a notable en dos asignaturas del máster de la expresidenta madrileña. Por su parte, Cecilia Rosado figuraba como la secretaria del tribunal que evaluó el TFM, un trabajo que no se ha llegado a hacer público y que no aparece por ningún lado.
A las 9 horas, declararán, en calidad de testigos, Alicia López de los Mozos, la presidenta del tribunal que habría evaluado el TFM, Sergio Pulido, marido de ésta, y Clara Souto, que también estaba en el tribunal. Y a las 11 horas, y también en calidad de testigos, prestarán declaración la jefa de Inspección de Servicios de la universidad, Pilar Trinidad Núñez y el responsable de estudios de esta universidad José Antonio Lobato Moreno.
Hace unos días el juez también citó para el próximo 6 de junio a Enrique Alvarez Conde, exdirector ya suspendido de funciones del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.
El juzgado investiga el presunto delito de falsedad documental al admitir a trámite una querella por presunto delito de falsedad documental de una catedrática de Derecho Constitucional que aparece en un acta de convalidación de asignaturas.
Se trata de la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca, Angela Figueruelo, y cuyo nombre aparece en un acta de convalidación de asignaturas en el máster de Derecho Autonómico de Cifuentes y que sostiene que ella "nunca intervino" en ese proceso y que su firma fue falsificada.
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