La jefa de protocolo dice que no fue legal modificar los pliegos de contratos de la Asamblea

La jefa de protocolo de la Asamblea, María Merino, ha dicho hoy que no fue "legal" modificar el criterio en el que se puntuaba la experiencia de las empresas que participaban en el proceso de contratación de la cafetería de la Cámara regional, que fue adjudicado en 2009 y 2011 al grupo del empresario Arturo Fernández.

En su comparecencia en la comisión de investigación por corrupción del Parlamento autonómico que aborda este asunto, Merino ha precisado que ese cambio consistió en una división del criterio que valoraba la experiencia de las empresas licitadoras, que pasó de puntuar de forma global 30 puntos a desglosarlo en dos: 20 puntos por experiencia en el sector público y 10 en el privado.

Merino ha reconocido que no se pueden modificar los pliegos, según la ley de contratos del sector público, pero que ella no tomó esa decisión, al tiempo que ha comentado que la creación de ese "subcriterio" no variaba el resultado final, y que el grupo de Arturo Fernández fue el que obtuvo la mayor puntuación.

Además, ha indicado que nadie le comunicó que iba a formar parte del comité de expertos que decidió adjudicar el servicio al grupo Cantoblanco, aunque parezca "increíble". "Esas cosas pasan", ha dicho.

La letrada jefe de Asesoría Jurídica de la Asamblea, Tatiana Recoder, que también formaba parte del comité de expertos que valoraba las licitaciones en 2009 y 2011 junto a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, no ha querido declarar en esta comisión, al tiempo que ha precisado que no está siendo investigada.

LA EXJEFA DE LA ASESORÍA JURÍDICA SE NIEGA A DECLARAR

La exletrada jefe de la Asesoría Jurídica de la Asamblea Tatiana Recoder se ha negado a declarar este jueves en la comisión de investigación sobre corrupción política en la Comunidad sobre su papel en la adjudicación de un contrato de la cafetería de la Cámara, una decisión que ha trasladado al inicio de la comparecencia y, según sus palabras, "desde el absoluto convencimiento de la corrección e integridad" de su intervención.

El PP había solicitado la comparecencia de Recoder, que informó los pliegos y elaboró el informe de evaluación de las ofertas para el contrato de la cafetería de 2009, como miembro del comité de expertos, que también lo componía la presidenta regional, Cristina Cifuentes, como miembro de la Mesa de la Asamblea, y la Jefa de Servicio de Relaciones Externas y Protocolo del Gabinete de la Presidencia, María Merino.

Recoder, letrada jefe entre el 8 de julio de 2008 y el 3 de marzo de 2010, ha señalado que el 9 de marzo de 2017 fue llamada a prestar declaración en las dependencias de la UCO en relación con su intervención como letrada de la Asamblea en el procedimiento de contratacion de la cafeteria de esta institucion en el año 2009.

"Tras prestar la oportuna declaración no he sido objeto de imputación judicial de ningún tipo", ha subrayado. Para justificar su decisión de no declarar ha explicado que "la existencia de esta declaración en sede policial" y su "condición funcionarial como letrada de esta casa" le "obliga" a mantenerse "en el estricto marco de las actuaciones judiciales sin intervenir en el ámbito político".

El portavoz del PP en la comisión de investigación, Alfonso Serrano, ha argumentado que su grupo parlamentario había solicitado las comparecencias de funcionarios y letrados para analizar los contratos de la cafetería que se concedieron al Grupo Cantoblanco, la empresa de Arturo Fernández, en 2009 y 2011, al entender que "tienen una presunción de rigor y credibilidad superior". Así, antes de que la exletrada jefe anunciara su decisión de no declarar, había manifestado que esperaba que su declaración sirviera para aclarar las "suspicacias o dudas" que todavía tienen algunos grupos.

Por su parte, el portavoz de Podemos en la comisión, Miguel Ongil, ha acusado al PP de querer "sepultar la responsabilidad política de la señora Cifuentes", al tiempo que ha afirmado que la ex letrada jefe es "la persona con más papeletas para ser la cabeza de turco de todo este caso", por lo que ha mostrado su empatía hacia la decisión de no declarar.

El portavoz de Ciudadanos en la comisión, César Zafra, ha reprochado a la exletrada jefe que no quiera responder a una comisión parlamentaria, y ha señalado que hay comparecientes que han pasado por la comisión de investigación que se encontraban en proceso judicial y no podían declarar, para recriminar a Recoder que ella simplemente no quiera, lo que ha considerado "muy aclaratorio". El PSOE se ha limitado a expresar que respeta su derecho a no declarar en la comisión, una vez se ha acogido a este por el artículo 24 de la Constitución Española.

REPROCHES ENTRE LOS GRUPOS

Ante el silencio de Recoder, los portavoces de los grupos se han lanzado reproches, de manera que Ongil ha acusado al PP de manchar las instituciones y al Gobierno de utilizar su personación en Púnica en su propio interés y no en el de los madrileños, al no compartir la información con la Asamblea de Madrid.

Por su parte, Serrano le ha respondido al portavoz de Podemos que los que manchan las instituciones son ellos "con sus insidias" y ha reprochado al portavoz de Ciudadanos que si una empresa vinculada a un diputado del PP gana un concurso de la Asamblea gracias a que la empresa rival obtiene algún cero en alguno de los apartados de la valoración les "hacen un traje", en alusión al contrato que consiguió la empresa del padre de Aguado.

Mientras, Zafra ha recriminado a Serrano que intente dar a entender que "un contrato es lo mismo que otro que ha investigado la Guardia Civil, la UCO", y más cuando la exletrada jefe no ha querido responder.