Dos líneas rojas discontinuas delimitan el área de Madrid Central en la plaza de Cibeles | EFE
(Actualizado

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Madrid ha emitido una nueva resolución que ratifica la reactivación de multas en Madrid Central al dar el visto bueno a la medida cautelar solicitada por Greenpeace, por lo que ya son tres los autos que mantienen el régimen sancionador en esta zona de bajas emisiones.

En la resolución, a la que ha tenido acceso Efe, el magistrado expone que "la protección a la salud y al medio ambiente son principios que deben regir la actuación de los poderes públicos". "En este caso es exigible en mayor medida dado que se está suprimiendo una actuación tendente a proteger ambos bienes constitucionales, sin ofrecer alternativas ni medidas opcionales", añade.

Además, sobre los defectos del régimen sancionador que plantea el Ayuntamiento en su escrito de alegación, el juez sostiene que "la Administración cuenta con medios suficientes para depurar las anomalías que puedan producirse (...) y para ello no es imprescindible eliminar la vigencia de la zona de bajas emisiones".

Varapalo para el Ayuntamiento

De esta forma, ya son tres autos distintos los que suspenden la resolución del 27 de junio de 2019 dictada por el Ayuntamiento de la capital de PP y Ciudadanos que acordaba la moratoria de las sanciones en Madrid Central, el área de bajas emisiones puesta en marcha por el anterior Gobierno municipal, con Manuela Carmena.

El primer auto fue del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 24 de Madrid, que el pasado 5 de julio aceptó la medida cautelarísima solicitada por Ecologistas en Acción. El juez de este juzgado mantuvo el pasado martes su decisión tras estudiar las alegaciones del Ayuntamiento de Madrid, que defendía la moratoria por los problemas derivados en el sistema de control y de multas.

Ese mismo día el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Madrid acordó adoptar la medida cautelar solicitada por dos concejales del grupo municipal socialista de Ayuntamiento, igual que ha hecho ahora con el recurso de Greenpeace.

Casi un año de polémica

El área de bajas emisiones de Madrid Central entró en vigor el 30 de noviembre de 2018, aunque sólo a partir del 16 de marzo comenzaron las multas por incumplimiento de la normativa, con un coste de 90 euros (45 con pronto pago). Por esta zona, que comprende casi todo el distrito Centro de la capital, sólo pueden circular residentes, coches Eco o Cero o vehículos con etiqueta ambiental de la DGT que vayan a un aparcamiento.

El nuevo Gobierno municipal estableció una moratoria a las sanciones económicas, que arrancó el pasado 1 de julio y tenía previsto extender hasta el 30 de septiembre, pero las multas volvieron a Madrid Central el 8 de julio y seguirán por decisión judicial.

El Ayuntamiento de la capital señaló que está estudiando la posibilidad de recurrir el primer auto que mantiene las multas en Madrid Central, mientras trabaja en un "modelo alternativo" a esta zona de bajas emisiones para luchar contra la contaminación "en todos los distritos" de la ciudad.