El empresario Francisco Javier Marazuela, considerado por el fiscal uno de las testaferros del exalcalde Pedro Antonio Torrejón, ha reconocido en el juicio que se celebra en la Audiencia de Madrid que cobró comisiones de varias constructoras implicadas en la trama de corrupción del caso Ciempozuelos por buscar terrenos en este municipio a través de varias sociedades de las que era propietario.
Marazuela se enfrenta a una petición fiscal de seis años de prisión por blanqueo de capitales y a una multa de ocho millones de euros. El imputado era amigo personal de Torrejón desde 1998 y era en esa época dueño de las sociedades Frangest y Urbanges.
Tanto el fiscal José Grinda como la acusación que ejerce el PP, a través del abogado Juan Ramón Montero, tienen la tesis de que los exalcaldes socialistas de Ciempozuelos Torrejón y Joaquín Tejeiro se sirvieron de sociedades como las citadas para canalizar presuntamente las comisiones que cobraron de las inmobiliarias como Bitango.
En su declaración, Marazuela ha relatado que conoció a Torrejón en 1998 cuando trabajaba como director de una agencia de viajes. A partir de ahí, se forjó una relación personal.
Sobre esta relación, ha destacado que nunca hicieron negocios, salvo que le compró dos pisos, uno en Ciempozuelos y otro en Almuñecar (Granada). También ha negado que hubiera hecho alguna transferencia a alguna de las cuentas de Torrejón o que supiera algo del viaje a Andorra que éste realizó para abrir diversas cuentas.
FACTURACION A CONSTRUCTORAS
Sobre sus sociedades, el supuesto testaferro de Torrejón ha indicado que constituyó Urbangest para ser una sociedad intermediaria en la compra de terrenos, al igual que Frangest. Según su versión, creó estas dos sociedades en paralelo con el mismo objeto para que en un futuro se quede cada una de ellas sus dos hijos.
A través de estas sociedades, Marazuela facturó por sus servicios de localización de terrenos a las inmobiliarias Bitango, Tifan y Sanedi, precisamente las implicadas en el 'caso Ciempozuelos'. Su socio era otro de los empresarios imputados, Martín Peña. Así, ha detallado que él era un mero comercial.
"Localizábamos a los compradores los terrenos. Se iba al registro y luego a localizar a localizar las fincas para hablar con sus propietarios. Si solo había un propietario teníamos suerte. No era un trabajo nada fácil", ha narrado.
Sobre esta cuestión, Juan Ramón Montero ha explicado en los pasillos a los periodistas que Marazuela, debido a su relación con Torrejón, "tenía acceso a los terrenos que se iban a recalificar" y que por ello, iba a visitar las fincas con el catastro".
En este punto, ha reconocido que cobraban comisiones "por cada terreno". "Las comisiones eran por metros. Nos las repartíamos fifty a fifty", ha admitido al tribunal. Sin embargo, ha destacado que ni un euro de estas operaciones urbanísticas jamás fue a parar a Torrejón o algún miembro de su familia.
Durante su declaración, el fiscal le ha inquirido sobre diversas facturas a Bitango por sus servicios, como una relativa a 2004 sobre un contrato de 13 de mayo de 2005 por la que le facturaron 264.480 euros.
Al respecto, ha insistido en que no se acuerda de muchas de las operaciones y ha indicado que toda la documentación obra en la causa, dado que la Policía se incautó de todos sus papeles en el registro de su domicilio.
YA ERAN URBANAS
Por su parte, el presidente de Esprode, Francisco Javier Castillo, ha destacado que en los terrenos comprados por esta empresa no eran necesarios recalificaciones, ya que eran ya urbanos. "El suelo estaba adentro de las normas y era urbanos. No se necesitaba el PGOU", ha insistido.
La firma de Castillo aparecía en el famoso contrato enviado por la banca andorrana para justificar un ingreso y por el que constaba que iban a recibir 40 millones de euros en comisiones por recalificar unos terrenos para Esprode. Pese a la importancia de esta firma, nadie le ha preguntado sobre esta cuestión.
