La ordenanza de Transparencia, la primera en el Ayuntamiento de Madrid de este tipo y el primer texto normativo del mandato de Ahora Madrid, ha salido adelante en la comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto con el dictamen favorable apoyado por Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos. El PP se ha abstenido.
Un año después de la llegada al gobierno de Ahora Madrid, el Ayuntamiento contará con "la ordenanza de Transparencia más ambiciosa del Estado y uno de los textos legales de referencia en derecho local de ámbito internacional", en palabras del delegado de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto.
La votación ha sido farragosa por el elevado número de enmiendas (PSOE 18 y PP 68). La salida de la portavoz socialista, Purificación Causapié, en la mitad de la votación ha obligado a repetirlas, además de aplicar el voto de calidad del presidente de la comisión, Mauricio Valiente, en caso de empate, también por la marcha de la edil. Con todas ellas se ha votado un texto refundido, el dictamen que pasará al Pleno de la próxima semana, que ha sido refrendado con la mayoría de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos y la abstención del PP.
Una complicada Junta de Portavoces, que se ha prolongado durante más de hora y media, ha acabado con este acuerdo, a la espera de lo que suceda en el Pleno. La novedosa ordenanza de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid incluye multas, la opción de resolver un contrato si las empresas no cumplen sus obligaciones en materia de transparencia, sanciones disciplinarias para los funcionarios que podrían llegar hasta la inhabilitación, control de las 'puertas giratorias' y un registro de lobbies.
NACIDA PARA SER UNA "REFERENCIA"
Todos los grupos presentes en la comisión han coincidido en felicitar al personal de Transparencia por el trabajo realizado. "Va a ser la referencia a nivel estatal en transparencia en el ámbito de las administraciones locales", ha declarado el delegado del ramo, Pablo Soto.
De la norma ha dicho que es "ambiciosa y de máximos" en lo que a publicidad activa se refiere, con mecanismos alternativos para asegurar el derecho de acceso a la información. Así, Madrid se pondrá al mismo nivel de las ciudades más avanzadas en transparencia y permitirá que un ciudadano, con el envío de un correo electrónico y sin un procedimiento complejo, podrá tener la respuesta por parte de la Administración.
LOBBIES
El concejal socialista Ramón Silva ha explicado que a su grupo se le ha planteado ahora una "duda sobre la viabilidad jurídica" y "alguna diferencia sobre los lobbies". Los socialistas están "a favor de regularlos" pero temen cómo podría afectar al trabajo práctico de los concejales.
Silva ha llevado a la comisión el caso que podría darse si un ciudadano le parara por la calle al reconocerle como concejal, planteado casi como una "caricatura". "¿Tengo que sacar un formulario preguntando si no está incurso en alguna incompatibilidad?", ha planteado. Por eso creen que sería necesario "un poco más de margen", como el que hay de aquí al Pleno, para cerrar "algunos flecos".
La reticencia del PSOE tiene que ver con la limitación en la actuación de los concejales. Es más, los servicios jurídicos también apuntan a la posibilidad de que se limitara la actividad de los ediles, han informado los socialistas.
Finalmente no se ha aceptado la enmienda presentada por el PSOE, en la que pedían una nueva redacción en el artículo que habla de la creación del registro, incluyendo la inscripción y el control de las personas físicas y jurídicas o entidades sin personalidad jurídica que actúan "de forma habitual" directamente o en representación de un grupo organizado.
Los socialistas argumentaban que, en base a un informe de la asesoría jurídica y según el consejo de expertos en la materia, en la regulación de los lobbies sería preferible "acotar la definición antes de hacer una interpretación expansiva".
Soto ha explicado al término de la comisión que los estándares internacionales dicen que los registros voluntarios de lobbies son ineficaces y "sí se puede hacer funcionar uno obligatorio, que no disuade la interlocución entre la Administración y los grupos de presión".
El dictamen, a la espera de lo que ocurra en el Pleno, recoge que las personas individuales no van a tener que registrarse, ni las asociaciones inscritas en el registro de entidades ciudadanas. Sí habrá de hacerlo "todo grupo que, en defensa de sus intereses, viene a tratar de incidir en las decisiones públicas y en la generación de nueva normativa, que es la definición de lobby".
"TRANSPARENCIA MAL ENTENDIDA"
El concejal del PP Percival Manglano ha aplaudido tanto el "muy buen trabajo a nivel técnico y político" como la labor de Pablo Soto. "Se nota que ha sido empresario y que sabe sacar las cosas adelante", ha declarado, antes de afirmar que la que hoy ha pasado por comisión servirá para "sacar una ordenanza que mejorará la transparencia del Ayuntamiento de Madrid".
Sí ha criticado "una cuestión de transparencia mal entendida" y que ha llevado a la Junta Electoral a instar al Ayuntamiento a retirar de su web informaciones sobre la caravana de los presupuestos participativos, el aumento de subvenciones a los ecotaxis, el centro de adopción de mascotas de Retiro, la mejora de calzadas y de la red de vigilancia de la contaminación.
Los populares han incluido entre sus enmiendas una que aboga por una mayor transparencia por parte de los concejales, de modo que los ediles detallen qué subvenciones han recibido y "que digan si han estado imputados". Esto le ha llevado a criticar la "opacidad" resultante tras conocerse que el concejal Guillermo Zapata estaba imputado por su participación en el Patio Maravillas "cuando no se lo había dicho a nadie".
El PP no ha conseguido sacar adelante una propuesta para que a los ciudadanos se les entregase una factura cada vez que haga uso de un servicio municipal para que sepa lo que cuesta. "Eso más que un asunto de transparencia parece de concienciar a la gente de lo carísimos que son los servicios públicos para disuadirles del uso", ha declarado Soto el delegado al término de la comisión.
REGISTRO DE LOBBIES
El registro de lobbies no es una medida muy extendida en España aunque sí hay experiencias, como en Cataluña. El modelo ya es un 'viejo conocido' en Reino Unido o Francia. Se trata de conocer las reuniones con cualquier persona que influya en la toma de decisiones de lo público,, además de los intereses que representan, para que se pueda ver la vida de una decisión o de una norma concreta.
En el registro deberán aparecer obligatoriamente las personas que pueden influir en la toma de decisiones. Aparecerán tanto las reuniones de los concejales como las de los directores generales, los temas tratados, la documentación entregada y un enlace para conocer los intereses de esos grupos.
Por otra parte, también ha habido debate sobre el control a las terrazas de veladores.
