Hay casi 4.000 viviendas ocupadas en la región

En la Comunidad de Madrid hay un total de 3.994 viviendas okupadas ilegalmente a fecha de 15 de octubre, de las cuales la mayoría se encuentran en la capital, con 2.521 inmuebles usurpados.

Así lo ha manifestado este martes la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, durante la reunión con la Federación de Municipios Madrileña de Municipios para analizar la situación de la okupación de viviendas.

El presidente de la FMM y alcalde de Arganda, Guillermo Hita, y Dancausa han detallado que en el marco de la reunión se ha explicado que un 25 por ciento de los casos de okupación corresponden a casos de carácter social, que son derivados a servicios sociales.

Hita ha indicado que el resto de situaciones responde a diversas tipologías, entre la que se encuentra lo que se conoce popularmente como 'mafias'. Dancausa ha explicado que se ha puesto de manifiesto la existencia de personas que okupan cuatro o cinco inmuebles para alquilarlo e incluso tratar de venderlos posteriormente.

Además, desde abril de 2016 se ha identificado a 3.731 personas que se ha comprobado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de las cuales 2.597 corresponden a este año.

LA MITAD DE LOS OKUPAS CUENTAN CON ANTECEDENTES

Respecto a las características de los okupas, más de la mitad de los identificados tenían antecedentes y el 30 por ciento están en situación irregular. El 84 por ciento son extranjeros proceden de República Dominicana, Marruecos, Rumanía, Ecuador y Colombia.

También desde esa fecha se han realizado 615 juicios rápidos que han permitido recuperar 1.335 viviendas, de las cuales 953 se han liberado este año.

Según los datos recogidos por la Oficina de Seguimiento de Viviendas Ocupadas, en el ámbito de demarcación de la Policía Nacional (que agrupa Madrid capital y 14 grandes localidades) se han detectado 3.641 viviendas okupadas a fecha de 15 de octubre.

USERA, PUENTE DE VALLECAS Y CARABANCHEL, LOS DISTRITOS MAS AFECTADOS

De ellas, el 70 por ciento (2.521) están en la capital y los distritos más afectados por las ocupaciones ilegales son Usera (504), Puente de Vallecas (438), Carabanchel (256) y Villa de Vallecas (214). En contraposición, Chamberí, Retiro y Salamanca, son los distritos con un menor número de inmuebles ocupados, 4,6 y 9 respectivamente.

Fuera de la capital la Policía Nacional tiene contabilizadas 1.120 viviendas usurpadas, siendo Fuenlabrada (210), Móstoles (163), Leganés (140), Alcalá de Henares (118), Torrejón de Ardoz (108) y Parla (103), los municipios que registran más incidencia. En el extremo opuesto están los municipios con menos ocupaciones, Pozuelo (4), Alcobendas (17) y Coslada (42).

En el ámbito de actuación de la Guardia Civil, existen 353 viviendas ocupadas ilegalmente, siendo la cuarta compañía de Alcalá de Henares, la que registra una incidencia mayor de este problema en su ámbito de actuación con 165 viviendas, de las que 46 se sitúan en Mejorada del Campo, 38 en Arganda del Rey, 22 en Rivas-Vaciamadrid y 14 en Nuevo Baztán.

A continuación, se situaría la primera compañía de San Lorenzo del Escorial con 73 ocupaciones registradas, 20 en el municipio de Galapagar y 14 en Collado Villalba. Por último, la segunda compañía de Getafe registra 47 casos, 15 en la localidad de Casarrubuelos.

Dancausa ha detallado que desde el inicio de su actividad el Coordinador de la Oficina de Seguimiento de Viviendas Ocupadas de Policía Nacional, el tiempo transcurrido entre la denuncia, realizada en esta oficina o en comisaría, y la recuperación de la vivienda ocupada se ha reducido de 2 años a una media de entre 15 y 60 días.

Así, ha explicado que desde abril de 2016, se han realizado 615 juicios rápidos que han permitido recuperar 1.355 viviendas, de las que 953 se han liberado en 2017.

VITAL DENUNCIAR PRONTO

Dancausa ha detallado que el fenómeno de la okupación ilegal es una práctica que se "tiene que terminar" porque genera un problema de seguridad y de convivencia vecinal.

Por ello, ha insistido en la necesidad de denunciar cuanto antes para poder actuar "con la mayor celeridad posible, ya que cuanto menos tiempos estén ocupados los inmuebles más rápida puede ser la actuación y menos inseguridad y conflictos tendrán que sufrir los vecinos".

A su vez, el presidente de la FMM ha asegurado que el fenómeno de la okupación genera "preocupación" en los vecinos y administraciones, para recalcar la importancia de coordinar los diversos cuerpos policiales a la hora de combatir esa tarea, pues es un fenómeno que afecta a muchos municipios.

MEDIDAS PARA ATENDER SITUACIONES DE VULNERABILIDAD

La delegada también ha explicado en 2012 se aprobó el Real Decreto 27/2012, para reforzar la protección de estos deudores hipotecarios, además de suspender los alzamientos para un colectivo mucho más amplio.

Este Real Decreto derivó en la Ley 1/2013 y se creó el Fondo Social de Viviendas de Alquiler, ha precisado la delegada, para añadir que más de 4.000 familias se han acogido al mismo y que las ejecuciones hipotecarias en 2016 descendieron un 29 por cuiento respecto de 2015, la cifra más baja desde 2008.

Por otro lado, Dancausa ha precisado que el Plan Estatal de Viviendas ha dado ayudas para el alquiler a más de 100.000 familias y otras 70.000 está recibiendo ayudas para afrontar hipotecas.

Además, el gobierno central trabaja para que este Plan incorpore un programa específico para atender a los colectivos especialmente vulnerables y buscar soluciones a las ocupaciones de viviendas vacías.

CALLE TOPETE

Preguntada por la situación de Tetuán y la relación de los datos de okupación respecto a la problemática generada en la calle Topete, Dancausa ha señalado que no hay que generalizar pero que su departamento se reunió recientemente con vecinos de esa calle y conoce la situación que allí se produce.

En este sentido, ha asegurado que la seguridad requiere siempre la colaboración entre cuerpos y que así ocurre en el caso de Policía Municipal y Nacional. Por otro lado, ha comentado que en lo relativo a licencias de locales, la cuestión es competencia de la Junta de Distrito. A su vez, ve bien la posibilidad de instalar videocámaras de vigilancia como elemento tecnológico que contribnuye a mejorar la seguridad.