Admitida a trámite un demanda contra la ley de amnistía

Un juzgado de Madrid admite a trámite una demanda de una ciudadana particular en la que pide paralizar cautelarmente la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía. Según la resolución del juzgado de primera instancia 104 de Madrid, se cita el próximo 13 de noviembre como demandados a la presidenta del Congreso, a los miembros de la Mesa así como a los grupos parlamentarios el PSOE, Junts, Esquerra y Sumar.

Se trata del Juzgado de Primera Instancia Número 104 de Madrid. La demanda ha sido presentada contra los grupos parlamentarios del PSOE, Junts, ERC, Sumar, así como contra la Mesa del Congreso y la Presidencia de la Cámara Baja.

En una diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso Europa Press, el letrado de la Administración de Justicia ha declarado la competencia de ese juzgado para conocer de la medida cautelar solicitada y ha convocado a la "parte solicitante y a la señalada como futura demanda" a la vista del 13 de noviembre.

Argumentación

La demanda alega entre otras cuestiones una posible vulneración del derecho a la igualdad, "ya que se pretende amnistiar a unas personas determinadas mediante un acto político y no de justicia rogada o de gracia".

El firmante entiende que "la futura aprobación de dicha amnistía puede estar vulnerando" sus derechos y el "principio constitucional de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos" recogido en la Constitución.

En este sentido, recalca que "las autoridades no pueden tomar decisiones arbitrarias entendiéndose por tales, fundamentalmente, aquellas que supongan una infracción del principio de igualdad de trato de los administrados ante la aplicación de la ley y las reglas objetivamente determinadas".

La demanda, además, asegura que aprobar esta norma "para no castigar a quienes han delinquido contra todos los españoles sería como reconocer que políticos han cometido delitos en un sistema no democrático y, por ende, que España no es una democracia, por lo que estaríamos fuera tanto del Consejo de Europa como del tratado de la Unión Europea".

Y defiende que con la aprobación de la ley "se estaría dando un golpe mortal a la democracia, a la Constitución y al principio de separación de poderes".