Agrupaciones socialistas, entre ellas Madrid, piden a Ferraz equidad en la financiación autonómica

Varias enmiendas presentadas por las agrupaciones socialistas de Castilla-La Mancha, Madrid o Murcia a la ponencia marco que el PSOE debatirá en su congreso federal de finales de mes en Sevilla demandan a Ferraz una financiación autonómica "equitativa" para todas las comunidades tras el acuerdo alcanzado por los socialistas catalanes con ERC para una financiación "singular" para Cataluña.

El sistema de financiación autonómica, la regulación de los pisos turísticos, la mejora de la conectividad en transporte o el blindaje de derechos sociales centran parte de las enmiendas a la ponencia marco (la hoja de ruta de las políticas socialistas para los próximos años) redactada por Ferraz.

El PSOE de Castilla-La Mancha propone una enmienda sobre la reforma de la financiación autonómica, en torno a los conceptos de equidad y población ajustada; se trata de que los recursos del Estado se repartan según el coste real del sostenimiento de los servicios públicos básicos, con independencia de si se aplican a un entorno urbano o rural.

El PSOE de Madrid insta a que la aportación de cada comunidad sea conforme a su capacidad económica y que reciba según sus necesidades. Demandan un modelo que tienda a la máxima nivelación que garantice la máxima equidad. En ese sentido, inciden los madrileños en que todas las comunidades aporten a la caja común y que las normas por las que se establezcan los criterios de aportación y reparto sean estables y comunes a todas ellas.

Además, rechazan la propuesta de federalizar la dirección de la Agencia Tributaria, que figura en la ponencia para dar más capacidad de decisión a las comunidades autónomas y despliegue una estrategia en red con las haciendas autonómicas, y en su lugar abogan por poner en valor su eficacia y que se garantice que siga siendo un elemento central en la gestión del sistema tributario, sin perjuicio de que se pueda mejorar la coordinación y cooperación con las haciendas autonómicas.

Desde Murcia, los socialistas abogan por garantizar el acceso de los ciudadanos a todos los servicios públicos a través de una actualización del sistema, complementando a la vez los ingresos de las regiones infrafinanciadas.

Para el PSOE de Teruel, la reforma debe considerar el coste de los servicios, especialmente en las zonas despobladas y envejecidas, y no debe contemplar marcos bilaterales que, aseguran, no favorecen la redistribución ni la cohesión territorial. Al hilo del caso catalán, rechaza nuevos regímenes especiales, más allá de los que ya contempla la Constitución, en aras de una mayor redistribución territorial, buscando la cohesión y la equidad.

La propuesta de los socialistas cántabros pasa por el statu quo, las singularidades, el mantenimiento de la solidaridad y en una mayor capacidad de decisión en fiscalidad a las comunidades autónomas, según fuentes del partido en la comunidad.

Vivienda, turismo, despoblación y mundo rural

La regulación de alquileres turísticos también está presente en las enmiendas de las agrupaciones. Málaga, provincia especialmente afectada por el fenómeno, plantea eliminar este tipo de viviendas en zonas en las que el mercado residencial esté tensionado así como implantar una ecotasa para suavizar los efectos negativos del turismo.

El PSOE de Huesca lleva 169 enmiendas sobre cuestiones relacionadas, fundamentalmente, con la vivienda, la energía y la financiación municipal. Versan principalmente sobre vivienda; sobre la necesidad de contar con un modelo de financiación local; energía y compensaciones a los territorios productores en procesos de reversión y la importancia de la ruralidad en España.

La agrupación de León hace énfasis en la lucha contra la despoblación, sobre todo en las áreas rurales de la provincia. Incluyen políticas para reforzar la cohesión territorial, asegurando la prestación de servicios públicos en zonas geográficamente dispersas y potenciando el desarrollo económico.

El PSOE de Madrid también defiende la necesidad de un pacto rural y la creación de una ley de agricultura familiar y otra de desperdicio alimentario.

Murcia pide garantizar la disponibilidad de agua de esta comunidad y demandan seguir modernizando la red de ferrocarril, con el objetivo de vertebrar los territorios.

En Navarra ponen en valor los impuestos y su función social, demandan una subida blindada de las pensiones y atajar y combatir la desinformación. También hay propuestas acerca del problema de la despoblación, sobre la necesidad de combatir la salud mental y para respetar y poner en valor la migración.