Alaya cita a Magdalena Alvarez tras concretar su imputación

La juez que instruye los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, ha citado de nuevo como imputada a la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez en un auto en el que pide "calma" para poder culminar con "dignidad" el caso, que empezaron a instruir en 2011 "unos pocos incansables", según afirma.

Una semana después de que la Audiencia de Sevilla revocara parcialmente la imputación de la exconsejera, Alaya ha dictado hoy un auto en el que cita el 7 de noviembre a Álvarez, a la que acusa de malversación y prevaricación, "a fin de colmar la exigencia de sus derecho de defensa por si quisiera ampliar algún extremo de su declaración".

En el auto, al que ha tenido acceso Efe, la juez rechaza elevar el caso al Tribunal Supremo a pesar de los siete aforados imputados en la causa porque sostiene que tiene la "convicción de que al menos la mayor parte de la causa es inescindible".

La exministra y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) declaró ante Alaya el pasado 8 de octubre, cuando le leyó los hechos que le imputa y que adjunta en el auto de hoy.

Tras explicar el procedimiento de la consejería para "otorgar subvenciones sociolaborales al margen del procedimiento legal", de lo que culpa a Álvarez "en connivencia con otros", la juez defiende la instrucción del caso, que "siempre ha respondido a un diseño bien definido", como subraya físicamente en el auto, "lo cual nada tiene que ver con una instrucción espasmódica".

También recuerda que empezó a instruir los ERE a finales de 2011, aunque no tuvo los medios policiales necesarios hasta seis meses después gracias a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y señala que la instrucción se vio "claramente ralentizada" por su baja por enfermedad.

"El final de la instrucción no está lejos", vaticina la juez, que prevé "un trecho de importancia capital" porque espera, para determinar los posibles delitos de los aforados imputados, los atestados de la UCO sobre las ayudas de la Sierra Norte de Sevilla y de IFA/IDEA, la empresa pública que pagaba las ayudas.

De la UCO también espera informes de seguimiento de ayudas sociolaborales a empresas así como informes patrimoniales, y de la Intervención General del Estado recibirá un informe pericial para entender el proceso, su desarrollo y poder individualizar las conductas presuntamente delictivas de aforados y no aforados.

Además, la juez prevé que en "un plazo razonablemente pequeño" recibirá un informe de la Dirección General de Seguros sobre las sobrecomisiones cobradas en las ayudas.

Por todo ello, señala que "durante este periodo de tiempo, corto pero intenso, esta instructora debe continuar con el calendario de declaraciones y estudiar los informes que vayan llegando, que a buen seguro tendrán una extensión considerable".

"Por tanto, este equipo, ellos y yo, necesitamos calma para afrontar esta última etapa de trabajo y estudio, para encajar los cambios que puedan producirse todavía en el desarrollo de la instrucción y poder en suma culminar con dignidad el trabajo que iniciamos hace menos de tres años 'unos pocos incansables'", concluye.

La Audiencia de Sevilla revocó parcialmente el pasado 25 de octubre la decisión de Alaya de imputar a Álvarez y le ordenó que explicara mejor su acusación contra la ex ministra pues podría haber alcanzado el "límite máximo" antes de inhibirse.