La juez de los ERE, Mercedes Alaya, acusa al exconsejero andaluz Gaspar Zarrías de haber impulsado las ayudas en las que mediaba su amigo, el "conseguidor" Juan Lanzas, mientras que la exconsejera Mar Moreno es señalada por su "asistencia política y técnica" al "sistema ilegal de subvenciones".
Zarrías y Moreno han aparecido por primera vez como posibles imputados en la exposición razonada elevada por Alaya al Tribunal Supremo, en la que apunta como presuntos responsables del "sistema ilegal de subvenciones" a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros cinco exconsejeros aforados: Antonio Ávila, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo y Manuel Recio.
La exposición razonada, a la que ha tenido acceso Efe, afirma que Zarrías, como consejero de la Presidencia y vicepresidente primero de la Junta a partir de 2008, tuvo en la agencia IDEA, que pagaba las ayudas, "a una persona de su entera confianza, el jefe del Gabinete Jurídico de la Junta Francisco del Río", también imputado.
Alaya mantiene que la implantación del sistema de los ERE, que abarcó varias legislaturas, fue una decisión "marcadamente política" en la que es "impensable" que fuese adoptada por un solo consejero.
Por el contrario, "es altamente probable que tanto el presidente Manuel Chaves, a quien correspondía fijar las directrices generales del gobierno, como el consejero de la Presidencia Zarrías, entre cuyas competencias estaba la asistencia técnica y política del presidente", tomaran la decisión en connivencia con el entonces consejero de Empleo José Antonio Viera.
Alaya imputa a Zarrías haber "conocido y autorizado" las sobrecomisiones que cobraban los mediadores en los ERE, que en el periodo investigado de 2000 a 2011 ascendieron a 66.155.573 euros.
Además, con las sobrecomisiones se abonaban los servicios del "conseguidor" Juan Lanzas, que Alaya define como una persona "de enorme influencia en la Junta y en los sindicatos y muy próximo al señor Zarrías", que ha sido citado en diversos pasajes de la causa como "mentor o jefe de Lanzas" y ambos son de la provincia de Jaén.
La exposición razonada afirma que entre 2001 y 2007 Lanzas habría cobrado con cargo a las sobrecomisiones un total de 6.684.883 solo de la aseguradora Vitalia.
Según la juez instructora, Zarrías se interesó por los expedientes en los que mediaba Lanzas, "todos ellos con importantes subvenciones de la Junta de Andalucía" y en especial por los cinco de las compañías de José María Ruiz-Mateos en Andalucía, que recibió ayudas "a pesar de la buena salud que en aquella época tenían tales empresas", y por el de Primayor, este último con subvenciones de más de 11 millones de euros.
Alaya también atribuye al exconsejero de la Presidencia la vulneración de la normativa europea pues la Dirección General de Asuntos Europeos, que dependía de su departamento, emitió en 2001 un informe en el que aseguraba que no era preceptivo comunicar las ayudas a la Comisión Europea, ya que se concedían directamente a los ex trabajadores y no tenían consideración de ayudas del Estado.
En cuanto a Mar Moreno, consejera de la Presidencia entre 2010 y 2012, Alaya le imputa "conocer y consentir la continuidad del sistema ilegal de subvenciones" y haber participado en su "necesario concierto político".
También su "permanente asistencia política y técnica" al entonces presidente, José Antonio Griñán, en la aprobación de dos órdenes de abril de 2011 y marzo de 2012 sobre subvenciones que consolidaron en "uso ilegítimo y vulneración de competencias que se habría producido al menos desde el año 2000, pero que ahora se produciría normativamente", según Alaya.
Fue una decisión política en la que Griñán tuvo que contar con la ayuda de Moreno "para dar un paso de tamaña trascendencia", afirma la juez.
En el apartado dedicado a Moreno, la juez recoge que un informe pericial ha fijado en 155.336 euros el coste medio por trabajador de las pólizas pagadas por la Junta, "renta que dista mucho de las cuantías que normalmente se conceden en prestaciones asistenciales que están dirigidas a atender necesidades básicas de subsistencia".
Sostiene la juez que "en muchísimos de estos expedientes el coste fue muy superior", como en la Compañía Minera del Marquesado, donde fue de 306.268 euros, en Mac-Puar de 244.202 euros, en Altadis de 275.722 y en A-Novo, donde el coste medio ascendió a 340.105 euros.
