Alaya investiga la orden de "hacer campaña" por el PSOE de la ex delegada de la Junta

La juez Mercedes Alaya ha tomado este viernes declaración como testigo a un interventor de la Junta de Andalucía que participó en la elaboración de los informes que alertaron de irregularidades y que dieron lugar a la operación 'Barrado' por el presunto fraude en cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía.

En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que la magistrada ha tomado declaración durante toda la mañana de este viernes al interventor en un interrogatorio centrado en los informes de la Intervención General en los que se analizaban las distintas direcciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y se denunciaban diversas irregularidades.

El interrogatorio ha tenido lugar en la mañana de este viernes en el despacho de la juez y al mismo ha asistido, además, el fiscal Anticorrupción designado para este caso, han indicado las fuentes, que no han podido ofrecer más detalles al encontrarse el caso bajo secreto de sumario.

LOS 16 DETENIDOS, EN LIBERTAD CON CARGOS

La juez declaró el secreto parcial de las actuaciones el 20 de enero, pero posteriormente, ya el 13 de febrero, amplió dicho secreto tras analizar los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre las "distintas direcciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y las diversas irregularidades denunciadas por la misma".

Todo ello "atendiendo la gravedad de los delitos investigados, la especial importancia de la línea de investigación con ellos iniciada, de las expectativas de la misma y del riesgo de frustrar sus posibles resultados por la posible pérdida, destrucción o manipulación de indicios o fuentes de prueba".

La juez, cabe recordarlo, ha dejado en libertad con cargos a los 16 detenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la operación 'Barrado', desarrollada el pasado martes de manera simultánea en las ocho provincias andaluzas. Entre los detenidos hay cuatro exdirectores generales de la Junta, nueve exdelegados provinciales de Empleo y tres responsables de dos consorcios de formación.

Entre los detenidos se encontraban los delegados de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta en Sevilla, Aurora Cosano, y Huelva, Eduardo Muñoz, quienes fueron cesados de inmediato.

Tras su detención, las primeras en comparecer ante la magistrada fueron las exdirectoras generales de Formación Profesional para el Empleo María José Lara --para quien la Fiscalía Anticorrupción pidió una fianza de responsabilidad civil de más de un millón-- y María Teresa Florido; la exdelegada de Empleo en Jaén Irene Sabalete, y la exdirectora gerente del consorcio Formades, en Almonte (Huelva), Ana María Orihuela.

A excepción de María Teresa Florido, todas se acogieron a su derecho constitucional a no declarar ante la juez, quien las dejó en libertad con cargos ya en la madrugada del miércoles.

FIANZA CIVIL DE 6 MILLONES DE EUROS

A continuación, y en la mañana del miércoles, la instructora dejó en libertad, después de negarse a declarar, a las exdelegadas de Empleo en Sevilla, y Almería, Francisca Pérez Laborda; a la exdelegada del ramo en Granada y actual directora de la Fundación Pública Andaluza El Legado Andalusí, Marina Martín Jiménez, y a la presidenta de la UTE gestora del Consorcio Andaluz de Formación Integral de las Industrias del Ocio de Mijas (Ciomijas), en Málaga, María de la O Ustarán.

La Fiscalía Anticorrupción, cabe recordarlo, pidió una fianza civil de más de seis millones de euros para esta última imputada, una cantidad parecida a la que solicitó ya en la tarde del miércoles para el exdirector gerente de este consorcio, José Gutiérrez, quien también quedó en libertad con cargos tras acogerse a su derecho a no declarar.

En la tarde del miércoles también comparecieron ante Alaya los exdelegados provinciales de Empleo de Sevilla, Antonio Rivas --también imputado en el caso de los ERE irregulares--; Cádiz, Juan Bouza; el de Córdoba, Antonio Fernández; el de Huelva, Eduardo Muñoz, y el de Málaga, Juan Carlos Lomeña, quienes también quedaron en libertad tras negarse a declarar.

"RED DE CLIENTELISMO POLITICO"

En los autos de imputación de todos los exdelegados provinciales de Empleo, Alaya pone de manifiesto que, desde la Consejería de Empleo de la Junta, se impartían "órdenes" a las distintas delegaciones provinciales "para que no se controlara el dinero" destinado a la formación, "creando de esta forma una red de clientelismo político".

Los último en comparecer ante la instructora, ya el jueves, fueron el exdirector general de Empleabilidad y Formación Profesional Manuel Brenes y el exdirector general de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo Andrés Sánchez, que se negaron a declarar y quedaron libres, como todos los demás.