Los letrados del Congreso concluyen que Alberto Rodríguez puede seguir en su escaño, pese a la condena del Supremo

Los servicios jurídicos del Congreso consideran que el diputado de Podemos Alberto Rodríguez puede permanecer en su escaño pese a la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó un mes y quince días de prisión como autor de un delito de atentado a agente de la autoridad en una manifestación en 2014.

El tribunal le condenó con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pero acordó sustituir la pena de cárcel por una multa de 540 euros.

Precisamente esa sustitución de la pena de cárcel por una sanción, que además el diputado condenado ya ha pagado, es lo que esgrimen los letrados para plantear que la sentencia no debe tener efectos extra penales.

De hecho, sostienen que la pena privativa de libertad, que sí hubiera conllevado que Rodríguez perdiera el escaño, no llegó "a nacer en ningún momento" al haber sido sustituida desde su origen por una sanción económica.

"La pena privativa de libertad, que sí hubiera conllevado que Rodríguez perdiera el escaño, no llegó a nacer en ningún momento al haber sido sustituida desde su origen por una sanción económica"

Así consta en el informe elaborado por los letrados de la Cámara que este martes será objeto de análisis en la reunión que mantendrá la Mesa del Congreso para tomar una decisión sobre las consecuencias de la citada sentencia.

Según el análisis de los letrados, en este caso no concurre "ni la causa de incompatibilidad sobrevenida" contemplada en el apartado 2 en relación con el apartado 4 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, ni ninguno de los supuestos que, en aplicación de los artículos 21 y 22 del Reglamento del Congreso, comportarían "bien la suspensión de los derechos, prerrogativas y deberes del diputado" o bien la pérdida del escaño.

No es vinculante

Los letrados avisan que exponen sus conclusiones "sin perjuicio de que las mismas puedan verse afectadas por eventuales pronunciamientos posteriores del Tribunal Supremo o de la Junta Electoral Central".

Los informes de los servicios jurídicos no son vinculantes, pero el PSOE y Unidas Podemos, que tienen mayoría en la Mesa de la Cámara, podrán a agarrarse a estos argumentos para no actuar contra Rodríguez.