El decreto-ley sobre la vivienda del Gobierno andaluz, que hoy publica el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), apela al "derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas y sus familias" afectadas por desahucios para justificar las expropiaciones temporales.
En la exposición de motivos, el decreto-ley de "medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda" introduce una disposición "destinada a asegurar el derecho a una vivienda digna en relación con el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica" de las familias perjudicadas por ejecuciones hipotecarias para que puedan seguir ocupando sus casas.
El decreto, que entrará en vigor mañana, recuerda que la Junta tiene la competencia exclusiva en materia de vivienda y hace referencia a la sentencia de la UE del pasado 14 de marzo, que pone en evidencia la necesidad de que los poderes públicos actúen para el uso y disfrute de la vivienda habitual.
En el decreto, firmado por la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), y por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán (PSOE), se añade que la desocupación de viviendas representa "el mayor exponente del incumplimiento" de su finalidad social, y agrega que se actúa en este ámbito por la "imperiosa urgencia" debido a la crisis.
UNAS 200 FAMILIAS SE PODRÍAN ACOGER AL DECRETO DE LA VIVIENDA ANDALUZ EN UNA PRIMERA FASE
La consejera de Presidencia, Susana Díaz, informa de que unas 200 familias que ya han acudido a las oficinas de protección a la vivienda que tiene en marcha la Junta van a ser las primeras que se van a acoger al decreto de función social de la vivienda que este viernes entra en vigor y que va a permitirles "una esperanza a esa situación de desahucio que la vienen oprimiendo".
Preguntada sobre si le preocupa un posible recurso al decreto, Díaz ha manifestado que es una ley "con rigor jurídico" y "jurídicamente intachable". Ha apuntado que los servicios jurídicos de la Junta han hecho "un magnífico trabajo, con rigor" y ha agregado que son conscientes de que es una medida que tiene "una innovación legislativa, pero tiene mucho rigor jurídico".
Así, ha considerado que el Gobierno lo que tendría que hacer "es copiar" a Andalucía en una iniciativa de este tipo.
