Anticorrupción archiva la investigación sobre concesión de fondos europeos a la empresa del marido de Calviño
La Fiscalía no ve "trato de favor" y asegura que "no consta intervención" de la vicepresidenta
La Fiscalía Anticorrupción ha acordado archivar la investigación sobre las presuntas irregularidades en la concesión de fondos europeos a Beedigital, una empresa presuntamente vinculada al marido de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ante la "ausencia de indicios".
Fue el pasado viernes cuando el fiscal jefe, Alejandro Luzón, dictó un decreto por el cual archivó las diligencias de investigación sobre 'Páginas Amarillas Soluciones Digitales SA', ahora conocida como 'Beedigital', de la que el marido de la vicepresidenta sería director de marketing en el momento de recibir las ayudas.
Según Anticorrupción, "no consta intervención directa ni indirecta de la vicepresidenta en el contrato celebrado de PASD/BeeDigital con la GISS, en la concesión de los avales por parte del ICO y en el denominado Kit Digital". Tras realizar las averiguaciones correspondientes, el fiscal instructor, Luis Pastor, considera que "no se aprecian indicios de los que se pudiera deducir el supuesto trato de favor a la empresa denunciada" por el PP de Madrid.
El Ministerio Fiscal comenzó a investigar el pasado mes de abril a raíz de la denuncia que presentó el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid por las presuntas irregularidades en los contratos de emergencia aprobados por el Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez.
En este caso en concreto, los 'populares' explicaron que la adjudicación del contrato "se realizó cuando la empresa tenía deudas con el Estado por valor de 1,6 millones" y que cuando se prorrogó el contrato en 2020 la deuda ascendía a 884.000 euros.
En este punto el Ministerio Fiscal hace constar que, según lo investigado, Páginas Amarillas Soluciones Digitales "cumplía todos los requisitos exigibles" para recibir los mencionados avales. "Había visto mermada su actividad y sus ingresos como consecuencia de la crisis, tenía domicilio social en España, no estaba en situación de morosidad, no estaba incursa en una situación concursal ni preconcursal y no tenía la consideración de empresa en crisis", añade el decreto.
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