Anticorrupción pide casi 8 años de cárcel para la cúpula de Camps, por Gürtel

Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una pena de siete años y nueve meses de cárcel para los exdirigentes del PPCV y exdiputados en las Corts Vicente Rambla y Ricardo Costa por tres delitos electorales en 2007 y 2008 y otro delito de falsedad documental en relación con una presunta financiación irregular del partido, investigada dentro del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El ministerio público reclama la misma pena de prisión para el que fuera vicesecretario general del PPCV desde septiembre de 2007 hasta octubre de 2008 y diputado 'popular' David Serra; y para la administradora de la candidatura del PP en las elecciones de 2007 y gerente regional del partido desde 1995 Cristina Ibáñez.

Así se desprende de la calificación fiscal, que se enmarca en las piezas 1, 2 y 6 del caso Gürtel, en las que hay procesadas 20 personas por delito electoral, falsedad y delito fiscal. Sin embargo, el ministerio público ha dejado fuera de su escrito al empresario José Enrique Fresquet, de Pavimentos del Suroeste, luego denominada Padelsa Infraestructuras.

En total, los procesados del PPCV son cinco: Rambla, Costa --quien fue ex vicesecretario general del partido desde 2004 hasta junio de 2007 y después secretario general--, Serra, Ibáñez y Yolanda García. Esta última fue exgerente del partido y para ella el fiscal pide una pena de seis meses de prisión como "cómplice" del delito electoral de las Elecciones Generales de 2008.

Así mismo, junto a ellos, el fiscal dirige su escrito provisional contra nueve empresarios y cinco integrantes del denominado Grupo Correa. Respecto a este último, el ministerio público solicita una pena de 27 años de cárcel para Alvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', responsable de Orange Market; otros 19 años y medio para Cándido Herrero --consejero delegado de Orange--; 24 años y medio para Pablo Crespo --número dos de la trama-- y Francisco Correa --principal responsable de empresas como Orange o Special Events--; y otros 17 años y medio para el empresario José Ramón Blanco Balín.

En cuanto a los empresarios, solicita cinco años de cárcel para los empresarios Rafael y Tomás Martínez Berna --de Hormigones Martínez y posteriormente CHM Obras e Infraestructuras--; seis años para Enrique Gimeno --por Facsa--; Alejandro y Antonio Pons --Dols y Piaf--; y Gabriel Alberto Batalla --administrador del Grupo Lubasa--. Y otros cuatro años de cárcel para Enrique Tomás Ortiz; José Francisco Beviá; y Vicente Cotino --del Grupo Sedesa--.