La Fiscalía Anticorrupción no tiene dudas de que el exministro de Transportes José Luis Ábalos tuvo "un papel principal" en el llamado caso Koldo pues para que la adjudicación de los contratos a la trama "se desarrollara con éxito" tenía que estar "avalada" por el titular del ministerio.
Así lo expone el fiscal del caso, Luis Pastor, en el escrito de 21 folios, al que ha tenido acceso EFE, en el que pide al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que active los trámites para que el Supremo le abra una investigación a Ábalos, dada su condición de aforado, por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
El fiscal hace suyo el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que señala a Ábalos como pieza clave en la trama, y sostiene que los contratos adjudicados a Soluciones de Gestión "se gestaron en un contexto marcado por la premisa de que Víctor de Aldama, con la acción permanente de Koldo García Izaguirre como intermediario, tenía un nivel de acceso prácticamente ilimitado a la esfera del Ministerio, incluido el propio ministro".
"Resulta difícil entender la operativa desarrollada por Koldo García Izaguirre y Víctor de Aldama Delgado sin la participación de José Luis Ábalos Meco, tal y como se recoge en el informe de la UCO, ya que el inicio de la relación se produce como consecuencia de que el jefe de la escolta de este último era el hermano de Víctor de Aldama, teniendo su primer contacto el 31 de agosto de 2018", poco más de dos meses de acceder al cargo de ministro, apunta el escrito.
Para pedir su imputación, la Fiscalía se apoya asimismo en las distintas declaraciones de responsables entonces del ministerio, como la de Jesús Gómez García, en aquel momento subsecretario del ministerio y que manifestó que cuando Koldo le transmitió la decisión final de comprar ocho millones "entendió que le transmitía voluntad del ministro".
Esta consideración también fue avalada en su declaración por quien entonces era el director general de Inspección y Organización del ministerio, Javier Sánchez Fuentefría, que dijo que quien toma la decisión final de comprar ocho millones de mascarillas "es el ministro".
También resulta revelador para la Fiscalía un comentario que hizo sobre Koldo el exsecretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares: “Era una figura gris que no soy capaz de dilucidar, negociaba aviones como habilitado por el ministro".
El fiscal recoge igualmente en su informe las diversas reuniones en las que participaron Ábalos, Koldo García y De Aldama, y destaca que este último se refería al exministro como “el jefe”.
Señala además el papel que tuvo en su relación con Ábalos la vinculación de Aldama con Venezuela, ya que "mantenía una estrecha relación" con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, "actuando como canal de comunicación entre ésta y José Luis Ábalos" hasta el punto que llegó a organizarle su famoso viaje a España el 20 de enero de 2020.
"Aldama habría revestido la llegada de ésta a España como un viaje de interés para este Ministerio, si bien Aldama guardaría intereses particulares en dicha visita", el cobro de una deuda de Air Europa, compañía de la que era consejero.
Posteriormente, Ábalos informaría al presidente del Gobierno de la visita referida, "poniendo en valor que se estaría consiguiendo el cobro de deudas de empresas españolas en Venezuela, en particular de Duro Felguera".
Respecto al rescate de Air Europa, que también aparece en el informe de la UCO, en opinión de la Fiscalía "no se evidencia una participación crucial o determinante del entonces Ministro ni de su asesor".
Todo ello, añade, "sin perjuicio de que en el curso del examen total de las evidencias intervenidas pudieran revelarse nuevos datos de los que pudiera desprenderse que esta operación pudo estar determinada por la intervención fundamental de José Luis Abalos Meco y Víctor de Aldama".
No obstante, la Fiscalía reitera que el objeto de este procedimiento "es la investigación de las eventuales irregularidades de carácter penal que se hubieran podido producir en la adjudicación de los contratos de suministro de material sanitario a Soluciones de Gestión".
Entre los indicios que apuntan a la responsabilidad de Ábalos, el fiscal añade también la concesión a Aldama desde el ministerio de autorizaciones para la entrada y circulación de personas por territorio nacional durante la pandemia.
Tras la formalización de los contratos investigados, Koldo inició los trámites necesarios para que una empresa ligada a Aldama -FERTINVEST CONSULTING SL– ofreciera a los gobiernos de Canarias, Baleares y La Rioja la compra de test de covid, "llegando al punto de tener una reunión con el director del gabinete del Ministro de Sanidad".
A todo ello suma las gestiones realizadas para conseguir la condición de operadora para la empresa Villafuel, cuyo propietario, Claudio Rivas -actualmente en prisión junto a De Aldama por un presunto fraude en el IVA de hidrocarburos de 180 millones de euros-, habría corrido "con los gastos derivados" de una casa que De Aldama puso a disposición del exministro en la urbanización La Alcaidesa, en Cádiz.
Otro de los indicios que enumera la Fiscalía es que De Aldama se encargaba de pagar, a través de un testaferro, el alquiler del piso que Ábalos puso a disposición de su entonces pareja, J.R.G., cifra que alcanzó en total los casi 89.000 euros.