Anticorrupción pide imputar a Oriol Pujol también por cohecho en el caso de las ITV

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que impute al diputado de CDC Oriol Pujol y a su esposa por un delito de cohecho, al entender que solicitó 30.000 euros a uno de los empresarios implicados en la trama de las ITV a cambio de votar a favor de sus intereses.

Según ha informado el ministerio público, el fiscal Anticorrupción Fernando Maldonado ha remitido un escrito a la sala penal del TSJC en el que pide la imputación por cohecho del diputado de CDC, que ya estaba imputado por un delito de tráfico de influencias acusado de intentar amañar el mapa de adjudicaciones de ITV en Cataluña.

En relación a estos hechos, descubiertos a raíz de la investigación del caso de las ITV, la Fiscalía ha pedido también la imputación de la esposa del diputado, Anna Vidal, y de los empresarios Ricard Piugnou y Sergi Alsina, todos ellos por un delito de cohecho.

Esta nueva línea de investigación abierta por la Fiscalía, que pide que se abra una pieza separada del caso ITV, se desprende de una información descubierta a lo largo de la instrucción que apuntaría a que Oriol Pujol habría pedido 30.000 euros al empresario de las ITV imputado Ricard Puignou a cambio de votar a favor de sus intereses en la Ley de Seguridad Industrial, que el Parlament aprobó en julio de 2008.

La nueva imputación por cohecho planteada por la Fiscalía se desprende de los últimos informes elaborados por la Agencia Tributaria sobre la trama de las ITV, que contienen un análisis de los correos electrónicos que se intercambiaron los empresarios y políticos imputados en el caso, que investiga el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Enric Anglada.

Dicho informe alude a un correo electrónico en el que Alsina habría propuesto a Puignou el pago de 30.000 euros para influir presuntamente en Oriol Pujol y CiU de forma que presentaran enmiendas, a favor de sus intereses, al proyecto de Ley de Seguridad Industrial que planteaba el tripartito.

En uno de los correos analizados, uno de los empresarios involucrados en la trama se refirió a una reunión entre Puignou y Oriol Pujol con la expresión: "Harán campaña mediática y, aunque no mandan, piden 30.000 euros", de lo que la Agencia Tributaria infiere que la cantidad mencionada correspondería a honorarios por las gestiones realizadas para influir en la tramitación de la Ley de Seguridad Industrial.

Los últimos informes de la Agencia Tributaria sobre el caso también concluyen que los empresarios de la trama de las ITV tenían la intención de crear un "entramado societario que dificulte el conocimiento de la identidad de sus verdaderos partícipes", entre ellos el diputado Oriol Pujol.

Hacienda incorpora en sus informes un apartado con documentos incautados que apuntan a que Oriol Pujol sería también "propietario o beneficiario de, al menos, una de las sociedades que figuran a nombre de su cónyuge, Anna Vidal Maragall", Serveis i Participació nova D.S.L.

La esposa del diputado de CDC ya declaró como testigo el pasado mes de mayo ante el juez de las ITV, al que admitió que cobró una factura de 200.000 euros de la empresa del imputado Sergi Alsina, por un informe de asesoramiento en el proceso de reconversión industrial de la firma Sharp.

La Agencia Tributaria menciona otra sociedad de Anna Vidal, Avima Projectes S.L., cuyo único cliente desde su constitución eran empresas administradas por ella misma o por Sergi Alsina y cuya facturación se incrementó en 2011 un 1.291,53 % con respecto al año anterior.

El magistrado que lleva el caso de las ITV deberá decidir ahora si abre una pieza separada para indagar en el delito de cohecho que la Fiscalía atribuye a Oriol Pujol o si opta por mantener esa nueva línea de investigación dentro de la causa principal, han informado fuentes judiciales.

Pujol, que a raíz de su imputación delegó sus funciones como secretario general de CDC, ya declaró ante el juez del TSJC el pasado mes de abril acusado de un delito de tráfico de influencias, y deberá hacerlo de nuevo si prospera la petición de la Fiscalía para que se le impute también un delito de cohecho.