Aprobada la ley de Seguridad Ciudadana con el rechazo unánime de la oposición

Con los votos a favor del PP y toda la oposición en contra, la Ley de Seguridad Ciudadana ha sido aprobado definitivamente por las Cortes, que han avalado un texto que incrementará la libertad, según el Ejecutivo, y sobre el que, sin embargo, planea la amenaza de su derogación si cambia el Gobierno.

Tachada de "mordaza" y "represiva" a pesar de que ha sido suavizada respecto al texto inicial, la ley, proyecto estrella del Ministerio del Interior, ha culminado su tramitación parlamentaria tras cinco meses de debate.

Durante este tiempo, el contenido de la norma ha quedado diluido al centrarse la polémica en una enmienda que presentó el PP en el Congreso y que supondrá la modificación de la ley de Extranjería para legalizar las denominadas "devoluciones en caliente" o "rechazos en frontera".

Sucesora de la llamada "ley Corcuera" o de "la patada en la puerta" de 1992, la nueva norma, que entrará en vigor en julio, prohíbe por ley las redadas policiales indiscriminadas o por razones étnicas, pero permite la identificación de las personas que tengan total o parcialmente cubierto el rostro con cualquier tipo de prenda.

Regula los cacheos y fija en un plazo máximo de seis horas el traslado y estancia en comisaría para la identificación de personas solo en supuestos excepcionales y cuando no sea posible acreditar esta identificación por medios físicos o telemáticos.

Paralelamente tramitada con la reforma del Código Penal, la nueva ley asume lo que hasta el momento figuraban como faltas y se convierten ahora en infracciones administrativas, que serán muy graves (multadas con entre 30.001 a 600.000 euros), graves (de 601 a 30.000 euros) y leves (de 100 a 600 euros).

Entre las conductas sancionadas como faltas muy graves estan las manifestaciones no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas; el fabricar, almacenar o usar armas o explosivos incumpliendo la normativa o careciendo de la autorización necesaria o excediendo los límites autorizados; el celebrar espectáculos públicos quebrantando la prohibición ordenada por la autoridad correspondiente por razones de seguridad pública y el proyectar haces de luz sobre los pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención y provocar accidentes.

GARANTIZAR LA LIBERTAD O AMARDAZARLA

En su debate final y en el último turno de palabra, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se ha mostrado convencido de que la nueva ley dotará a España de más libertad. "Cuando entre en vigor quedará garantizada la libertad", ha afirmado el ministro, que ha aprovechado para incidir en que la norma no "toca el derecho de reunión ni de manifestación".

A pesar de estos argumentos, la oposición ha insistido en que la ley ni es necesaria ni demandada por los ciudadanos, y que tiene como único objetivo "amordazar" la protesta en las calles.

Desde las filas del PSOE, de la Izquierda Plural y el Grupo Mixto ya han vaticinado que la ley tiene "los días contados" y que "se pone a la cola" de otras normas que serán derogadas en cuanto cambie la mayoría de fuerzas políticas en el Parlamento."No existe ninguna razón objetiva para aprobar esta ley reactiva", ha dicho el diputado socialista José Ignacio Sánchez Amor, quien ha agradecido irónicamente al Ejecutivo y al PP el no ocultar ni disimular la ley.

Con todo, el tono más duro de la intervención del diputado ha sido para la enmienda aprobada que legaliza las denominadas devoluciones en caliente de inmigrantes, una posibilidad que "no cabe en el derecho internacional. Se está en España o se está fuera", ha dicho.

Ricardo Sixto, de la Izquierda Plural, también ha arremetido contra la enmienda "estrella" referida a Ceuta y Melilla y que ha tildado de "auténtico esperpento", a pesar de que el PP ha modificado en el Senado esta iniciativa.

En su opinión, lejos de arreglar la enmienda se ha introducido mayor "confusión", pues al final el conflicto queda en manos de la Guardia Civil que deberá cumplir las órdenes del ministerio y al mismo tiempo seguir el ordenamiento jurídico internacional.

También Feliu Joan Guillaumes, de CiU, y Emilio Olabarria, creen que esta enmienda es ilegal.Guillaumes ha incidido en que cuando se entra en un país democrático "se tienen unos derechos", mientras que el diputado vasco ha denunciado que lo que se legaliza constituye un delito en el Código Penal, la deportación ilegal.

No han escatimado críticas desde el Grupo Mixto a esta ley que será desterrada "con un arma tan simple como un sobre y una papeleta", en palabras de Joan Baldoví, de Compromís, porque su objetivo, según Rosana Pérez Fernández, del BNG, es "silenciar y amordazar cualquier protesta".

"Se lo digo bien claro. No nos callarán", ha añadido la diputada, al tiempo que Joan Tardà, de ERC, considera que el proyecto es una "nueva estrategia del totalitarismo y fascismo de siempre".

EL PACTO ANTIYIHADISTA SALE ADELANTE CON EL APOYO EXCLUSIVO DE PP Y PSOE

Además el pleno del Congreso ha respaldado definitivamente la proposición de ley conjunta PP-PSOE sobre medidas de lucha contra el terrorismo yihadista, a la que no se ha sumado ningún grupo parlamentario durante su tramitación en las cámaras más allá de los tres partidos minoritarios que firmaron la propuesta.

PP, PSOE, Coalición Canaria, Foro Asturias y UPN han votado a favor del texto, CiU y UPyD se han abstenido mientras que la Izquierda Plural, PNV, Geroa Bai, ERC, BNG, Compromís y Amaiur han votado en contra del pacto antiyihadista, firmado el pasado 2 de febrero por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder socialista, Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa.

El texto, que redefine el delito de terrorismo y recoge las nuevas amenazas en este campo, ha sido refrendado por el Congreso tras ser enmendado por los dos grandes partidos en el Senado y entrará en vigor el próximo 1 de julio junto al nuevo Código Penal ya que modifica el capítulo VII de esta norma.

En presencia de los ministros de Justicia, Rafael Catalá, e Interior, Jorge Fernández Díaz, el portavoz popular Jose Miguel Castillo ha lamentado que "fuerzas minoritarias se opongan a esta reforma cuando Europa la elogia". Les pido que reflexionen sobre ello, porque les recordaré que los actos de terrorismo tienen como blanco la libertad, la tolerancia y la democracia", ha explicado.

El texto prevé que a los terroristas que causen muertes se aplicará la "máxima pena privativa de libertad" prevista en el Código Penal, que tras su aprobación hoy por el Pleno del Congreso será la prisión permanente revisable.

En líneas generales, el documento hace hincapié en combatir los nuevos instrumentos de captación y adiestramiento en el odio que caracteriza el "fanatismo totalitario" que difunden "líderes carismáticos" por internet, especialmente las redes sociales.

También da cabida al fenómeno de los combatientes extranjeros que se desplazan a zonas de conflicto para enrolarse en organizaciones terroristas, así como a los denominados "lobos solitarios": terroristas que no están vinculados a ningún grupo y que actúan individualmente, según su propio modus operandi.