Aprobada la ley que marca el déficit cero con el apoyo del PP, CiU y UPyD

El pleno del Congreso aprobó hoy por mayoría y con el apoyo del PP, CiU y UPyD el proyecto de ley de Estabilidad Presupuestaria, que marca un déficit del 0 % del PIB para el conjunto de las administraciones públicas a partir de 2020.

El proyecto de Ley ha sido aprobado por 192 votos a favor, 116 en contra y 4 abstenciones.

Finalmente, el grupo socialista ha votado en contra, pese a las negociaciones mantenidas con el PP hasta el último minuto antes de la votación, para tratar de evitar que el principal partido de la oposición se opusiera a la nueva ley.

El grupo parlamentario de CiU ha decidido apoyar el proyecto de ley al tras haber conseguido que el Gobierno acepte que el plazo para reducir el endeudamiento de las comunidades autónomas pase de ocho a veinte años.

En la primera versión del proyecto, el nivel máximo de endeudamiento de las autonomías no podía superar el 60 % del PIB en el año 2020, mientras que la Unión Europea permite a sus estados miembros hacerlo en veinte años.

De esta forma cuando en un futuro se produzca crecimiento económico las regiones podrán destinar recursos a la inversión para potenciar el crecimiento y el empleo.

La nueva ley de Estabilidad Presupuestaria, que pasará a ser debatida en el Senado la próxima semana, también ha sido apoyada por UPyD, después de que este partido ya la respaldara durante su tramitación en la Comisión de Hacienda del Congreso este lunes.

A pesar de que la formación ha defendido que se impongan más controles sobre las cuentas autonómicas, su voto ha sido favorable al considerar que la ley mejora la situación previa, cuando no había inspecciones.

Asimismo, el PNV se ha abstenido finalmente en la votación de hoy ya que el PP ha aceptado esta mañana una enmienda que han planteado al proyecto de ley para que se respete el Concierto económico vasco y el fuero navarro.

Tras su paso por el Senado, el proyecto de ley volverá al Congreso para su aprobación definitiva, por lo que entrará en vigor este mes de abril.

La nueva ley desarrolla las modificaciones generales incluidas en la Constitución en agosto tras el acuerdo entre PP y PSOE, que introdujeron el principio de "estabilidad presupuestaria" en el artículo 135 de la Carta Magna.

Ambos partidos consensuaron en aquel momento desarrollar en una futura ley orgánica el establecimiento de un techo de déficit, que quedaría fijado en un 0,4 % del PIB para el conjunto de las administraciones públicas a partir de 2020.

Sin embargo, el anteproyecto de ley que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 27 de enero recoge que el techo de déficit estructural para España en 2020 sea cero, aunque permite llegar al 0,4 % en caso de que sea fruto de reformas estructurales que tengan efectos presupuestarios a largo plazo.

LA VICEPRESIDENTA TACHA DE IRRESPONSABLE AL PSOE

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha pedido al PSOE explicaciones por su falta de apoyo a la ley de Estabilidad Presupuestaria, que hoy ha sido aprobada por mayoría en el Congreso, y ha criticado su falta de responsabilidad.

Saénz de Santamaría ha asegurado que el Gobierno ha negociado hasta el último minuto con el grupo socialista y ha propuesto "enmarcar la cifra" de déficit público para todas las administraciones "en el origen del acuerdo firmado en agosto", cuando el PSOE gobernaba.

Ha indicado que este marco es el que fija el Tratado de Estabilidad de la Unión Europea, una ley "rigurosa y exhaustiva".

La vicepresidenta ha valorado sin embargo la "responsabilidad" de grupos parlamentarios como CiU, que ha apoyado la norma, o el PNV, que se ha abstenido, así como el respaldo de UPN y de UPyD.

"Agradecer su sentido de la responsabilidad y su compromiso con España en un momento en que hay que trabajar todos con esfuerzo en la búsqueda de acuerdos y consenso", ha dicho, tras elogiar la "leal" negociación con CiU porque "han demostrado que son responsables de verdad".

Sáenz de Santamaría ha pedido al PSOE que explique porque el pacto firmado cuando gobernaban y el PP era oposición "hoy no lo han respetado".

"Hemos intentado la negociación hasta el final, hasta el último momento y se ha trabajado mucho y sorprende como un partido no respeta la coherencia de lo que piensa en Gobierno y luego cuando está en la oposición", ha aseverado.

LOS TITULARES DE CUENTAS DEBERÁN INFORMAR A HACIENDA

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado que a partir de ahora se va a establecer la obligación legal de informar sobre las cuentas abiertas en entidades financieras situadas en el extranjero, dentro del plan de lucha contra el fraude fiscal que se aprobará este viernes. Esta obligación afectará tanto a titulares como a beneficiarios o a aquellos que figuren como autorizados o con poderes en estas cuentas, ha detallado Montoro en el Congreso de los Diputados durante su defensa de las diversas medidas tributarias o administrativas dirigidas a la reducción del déficit público.

En cuanto a la regularización de rentas ocultas, el ministro ha hecho hincapié en que "no es una amnistía fiscal", sino "un gravamen sobre activos que están ocultos y cuyo afloramiento será positivo para normalizar la actividad económica en nuestro país" y luchar contra la economía sumergida.

Las rentas no declaradas que afloren antes del 30 de noviembre pagarán un gravamen del 8 % o del 10 %.

Ha recordado que por primera vez en España se va a limitar el pago en efectivo a partir de los 2.500 euros tanto en operaciones mercantiles como de personas físicas con mercantiles.

Según Montoro, "hay que elegir entre las opciones de recaudación en una situación excepcional" como el actual y el Gobierno ha elegido los instrumentos menos perjudiciales para el crecimiento económico, evitando así el uso de otros que dañarían el consumo y la demanda interna, como sería el caso de la subida del IVA.

De hecho, el ministro ha expresado su "sorpresa" por la "simpleza" de los argumentos que -tanto dentro como fuera de España- abogan por la subida de este impuesto, cuando todas las previsiones apuntan a una caída del consumo, ha recordado. "Si no es que esta propuesta se hace para profundizar en la crisis", ha sugerido Montoro.

En cuanto a las modificaciones que se introducen en el impuesto de Sociedades, ha recalcado que "no estamos en una subida del impuesto que grava el beneficio", sino ante el cambio en la forma de liquidación y el fraccionamiento de pagos.

El ministro ha insistido en que las medidas fiscales "vuelven a ser selectivas" e inciden en los agentes económicos con mayor capacidad para soportarlas en el corto plazo, además de que deben entenderse como modificaciones tributarias transitorias y vinculadas a "momentos extraordinarios que precisan medidas extraordinarias".