El Gobierno logró hoy sacar adelante la reforma laboral que abaratará el despido y ejercerá un mayor control a los desempleados, después de dos meses de tramitación en su paso por el Congreso y el Senado.
El Pleno de la Cámara Baja aprobó hoy definitivamente el proyecto de Ley de Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo, después de eliminar la mayoría de los cambios propuestos por los grupos políticos en el Senado e introducir sólo las enmiendas del PSOE y una del BNG.
Así, la nueva ley mantiene los puntos más controvertidos del texto inicial de la reforma que presentó el Gobierno en junio, especialmente los referidos a la contratación y a los despidos.
De esta forma, el texto incluye que las empresas puedan despedir a los trabajadores por causas económicas con 20 días de indemnización, no sólo cuando tengan pérdidas, sino también cuando prevean tenerlas, o tengan una persistente caída de ingresos.
También generaliza el contrato de fomento del empleo, que conlleva una indemnización de 33 días por año trabajado, al incluir a los trabajadores fijos de entre 31 a 45 años que hayan sido despedidos.
Además, establece mayor control a los desempleados, que podrán ser sancionados si rechazan cursos de formación en un plazo no superior a 30 días, al tiempo que facilita el despido por faltas al trabajo y rebaja al 2,5% el índice de absentismo total que puede tener una empresa y que marca el despido objetivo individual.
Los socialistas consiguieron hoy tumbar todas las enmiendas presentadas por los grupos políticos en el Senado, salvo las propias y una del BNG referida a las prestaciones de los contratos parciales, por la que los trabajadores podrán cobrar por horas y no por días.
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, defendió la reforma porque cree que es "equilibrada y ambiciosa" y da más seguridad a empresarios y trabajadores.
Corbacho subrayó que no se trata de una reforma "corta" y puntualizó que su aprobación coincide con el inicio de la recuperación económica, por lo que "reforzará las bases para la consolidación de una economía sostenible".
Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, dijo que la reforma permitirá a España ser más competitiva, ya que dará respuesta a la falta de flexibilidad del mercado laboral.
Además, confió en que el Gobierno pueda recuperar la vía del diálogo con los sindicatos después de la huelga general del 29 de septiembre.
Sin embargo, los sindicatos insistieron, durante un acto multitudinario de delegados de CCOO y UGT en la madrileña plaza de toros de Vista Alegre, en que, tras la huelga, el Ejecutivo debe rectificar, tal y como lo ha hecho con los ayuntamientos, tras aceptar que ahora puedan endeudarse los más saneados.
Entre gritos que alentaban a ir a la huelga y de "Zapatero dimisión", los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, reiteraron que esta reforma es la más lesiva para los derechos de los trabajadores en la historia de la democracia.
CRITICAS DE LOS PARTIDOS
Al mismo tiempo, en el Congreso, a excepción del socialista, todos los grupos de la Cámara criticaron la reforma por considerar que no solucionará los problemas más importantes del mercado laboral.
El PP acusó al Gobierno de no escuchar a los partidos políticos y auguró que la reforma no generará confianza, ni consumo, ni aumentará la producción ni el empleo.
Para CiU, se trata de una oportunidad perdida que no corrige la temporalidad, opinión compartida por el PNV, que considera que la reforma no resuelve los problemas estructurales que afectan a la competitividad.
Más duros fueron los partidos de izquierda que animaron a secundar la huelga general del 29 para intentar que el Gobierno rectifique, en tanto que el Grupo Mixto calificó la nueva ley como "desaguisado" que va en contra de los derechos laborales.
También la CEOE se sumó a las críticas porque cree que la reforma es insuficiente y no mejorará los graves problemas del mercado laboral.
