La juez de Instrucción número 49 de Madrid ha decidido archivar las diligencias abiertas contra del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y varios mandos policiales por las cargas y el uso de gases lacrimógenos en las protestas de noviembre contra la ley de amnistía frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz.
La jueza, Cristina Díaz, ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, con lo que da carpetazo a la denuncia presentada por la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces, que sostenía que tanto Martín como los mandos policiales "ejecutaron las órdenes dictadas para reprimir las protestas convocadas".
La responsable del juzgado asume el planteamiento del Ministerio Público, que argumentó que no había un delito de prevaricación administrativa ni se había aportado en la denuncia ninguna orden del delegado del Gobierno ni un parte de lesiones de nadie que participara en la protesta.
Se trataba, a juicio de la Fiscalía que ahora avala el juzgado, de una solicitud de apertura de una investigación judicial de carácter claramente prospectivo.
La jueza Josefa Bustos decidió abrir diligencias y pedir informe a la Fiscalíaa raíz de una denuncia interpuesta por la Asociación Reivindicativa de Memoria Histórica Raíces. También se incoaron diligencias contra los mandos policiales que ejecutaron las órdenes.
Tras este trámite procesal, se dio traslado al Ministerio Fiscal a fin de que informara sobre la admisión de la denuncia, que consideraba que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de disolución ilegítima de una reunión pacífica, prevaricación, delito de lesiones y delito de tortura y contra la integridad moral.
Actuación "desproporcionada"
Los denunciantes planteaban que la actuación policial de la noche del 6 de noviembre en la calle Ferraz, en Madrid, frente a la sede del PSOE, fue "desproporcionada".
El documento recogía que durante las cargas se "utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a la multitud de personas que mostraban su desacuerdo con las palabras pronunciadas por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con el resultado de varios heridos".
Durante esa jornada, con unas 3.800 personas en la protesta, los agentes de la Unidad de Intervención Policial tuvieron que intervenir, lanzando gases lacrimógenos, pelotas de goma y botes de humo, iniciando una carga contra los manifestantes que se extendió por los alrededores de Ferraz.