Armengol adjudicó otro contrato de material sanitario a una empresa fantasma china

Los contratos para la compra de mascarillas durante la pandemia están poniendo en el punto de mira a varias administraciones públicas, entre ellas los contratos firmados por el el gobierno balear, entonces presidido por la socialista Francina Armengol, hoy presidenta del Congreso. Según publica Vox Populi, el Gobierno de Armengol adjudicó más de tres millones de euros a una empresa fantasma china, que adjuntó en la factura una dirección que no existe.

Se trataría de la compañía Shanghai Fanrui Industry y recibió un importe de 3,23 millones de euros además de otros 40.000 en concepto de transporte aéreo. Esta empresa suministró un total 6.000.000 de guantes (0,18 euros por unidad), 5.000.000 de mascarillas quirúrgicas (0,34 euros por unidad), 60.000 gafas de protección (5,6 euros la unidad) y 60.000 FFP2 (1,9 euros la unidad). En la factura final se incrementó el precio en 912 euros.

El contrato se formalizó por tramitación de urgencia, según recoge un informe la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Islas Baleares. Este organismo, tras investigar a la empresa y consultar sin éxito en diferentes portales de bases de datos empresariales, concluyó que "la dirección especificada en la factura presentada por el proveedor no existe en el portal de Google Maps", ni tampoco pudo verificar que estuviera registrada como empresa en China.

Los datos sobre esta empresa que la entidad consiguió reunir los consiguió a través de diferentes portales de internet en los que se detallaba que se dedicaba al suministro de alimentos saludables y productos dietéticos, alimentos para bebés y bebidas no alcohólicas.

El Partido Popular reclamó este viernes la “dimisión inmediata” de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, por su responsabilidad política en el ‘caso Koldo’ y conminó al PSOE a actuar como hizo con el exministro José Luis Ábalos para garantizar que no siga al frente de la Cámara Baja en el próximo Pleno.

En una rueda de prensa, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, reclamó de nuevo la dimisión de Armengol por la actuación de su Gobierno en Baleares durante la pandemia. En concreto, la investigación de la Guardia Civil sostiene que su Ejecutivo avaló unas mascarillas suministradas por la empresa de la trama, pese a haber recibido dos meses antes un informe que confirmaba que el material por el que se pagaron 3,7 millones de euros del erario público era defectuoso, a pesar de que contaba con un informe que lo advertía. Aún así, el Servicio de Salud de Baleares emitió un certificado de conformidad con el pedido como había reclamado la empresa de la trama Soluciones de Gestión.

Hoy se ha conocido, además, que el Gobierno de Armengol aceleró el pagó. Se abono el contrato en tan sólo seis días, cuando la media en el pago de los contratos formalizados con el gobierno balear se sitúa en 43.

El Ejecutivo autonómico que presidía Armengol cargó el gasto a los fondos europeos Feder en diciembre de 2020. Para lograr que la UE pagara el contrato, el Gobierno balear tuvo que rellenar un formulario en el que aseguró que Soluciones de Gestión había cubierto "la totalidad de lo solicitado".

No sería hasta julio de 2023, cuando el Servicio de Salud de Baleares reclamó una compensación económica de 2,6 millones de euros a la empresa, una cifra que se deriva de la diferencia entre el precio de las mascarillas FFP2 y el de las mascarillas quirúrgicas.

Segú consta en la investigación judicial, José Luis Ábalos podría haber intermediado en dicha reclamación durante una reunión con su exasesor Koldo en la marisquería madrileña La Chalana, para "influir" en que la reclamación no se llevara a cabo.

Sémper opinó que esta información hace que Armengol quede “inhabilitada políticamente” y remarcó que la presidenta del Congreso, que es “la tercera autoridad del Estado”, “no puede estar bajo sospecha” por unas informaciones de “extraordinaria gravedad”, que “requieren de explicaciones contundentes y completas” porque “comprometen la honorabilidad” de la Cámara “y producen una vergüenza extraordinaria en todos los españoles”.